Mientras Cristina Kirchner alista a sus comandantes para refrendar el proyecto de ley que modifica la composición del Consejo de la Magistratura, los sectores que quedaron relegados han comenzado a preparar un diagnóstico que están dispuestos a que tenga trascendencia pública. Por caso, revelarán estadísticas de ausencia de los políticos (faltan más que jueces y abogados a las reuniones). Y sobre cómo el Consejo de Jueces resulta el mejor lugar para el «tráfico de influencias» entre políticos, una práctica que ahora se está extendiendo a otros sectores del Consejo. La denuncia apunta a desactivar la ofensiva oficial de reducir la cantidad de miembros en el Consejo y a mostrar que el bloque político utiliza ese cuerpo colegiado para asilar a hombres de confianza: es el caso de alguno de los cinco legisladores que se van esta semana y que han distribuido a personal de confianza en distintas áreas (en espera hay un lugar en la Corte Suprema e incluso en el mismo Consejo de la Magistratura se han creado cargos para satisfacer esa necesidad).
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El mecanismo perverso ha comenzado a ser copiado por otros estamentos. Se comenta el caso de un abogado que ha hecho arreglos para el pase de una empleada para trabajar fuera de fronteras de la Capital Federal a cambio de nombramientos o designaciones aquí.
Lo interesante de la movida oficial, es que mientras más se demore el proyecto de «la senadora», aumentará el tenor de la pelea de todos contra todos y se ventilará más que una diferencia.
Por lo pronto, el proyecto de la primera dama ya está listo para llegar al recinto del Senado, y se prevé que sea debatido en sesiones extraordinarias que convocaría el Ejecutivo luego del 10 de diciembre, con la nueva composición del cuerpo.
El dictamen fue acordado en la última reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y comenzó a ser firmado por algunos legisladores, pero se deberá volver a cumplir ese paso porque se producirá su caducidad al no haber sido tratado en el período ordinario.
Por eso, el oficialismo ya tiene previsto volver a hacer firmar el proyecto desde el lunes 12 con los nuevos integrantes de la Cámara, donde el bloque del Partido Justicialista-Frente para la Victoria tiene número más que suficiente. El principal tema de discusión es el número de los representantes del Congreso en el Consejo. En la actualidad, son ocho legisladores, cuatro por cada Cámara repartidos entre dos por las mayorías y dos por las minorías.
El proyecto que impulsa el oficialismo deja lugar para sólo tres legisladores de cada Cámara: dos por las mayorías y uno por las minorías.
• Cuestionamiento
Este punto fue ampliamente debatido en las reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el flamante presidente del bloque radical, el mendocino Ernesto Sanz, lo cuestionó diciendo que se está «ante un organismo en el que se debe preservar la absoluta independencia del poder político».
Similar planteo realizó la Federación-Argentina de Colegios de Abogados que sostuvo que «el número de representantes del proyecto no guarda ningún equilibrio».
Según la FACA, el proyecto tiende a que el sector político concentre poder en el Consejo de Jueces y en el Jurado de Enjuiciamiento. Ese tribunal de juzgamiento de magistrados de nueve miembros pasará a tener siete, de los cuales cuatro serán legisladores y habrá un solo abogado y dos jueces.
El informe enviado por el presidente de la FACA, Carlos Andreucci, puntualiza que en el caso del Consejo de la Magistratura tiene un carácter de mayor gravedad, por cuanto hoy existe un partido que posee mayoría en ambas Cámaras, lo que determina que designa 5 consejeros: dos senadores, dos diputados y un representante del Ejecutivo. «Vemos así que la cantidad de 5 representantes sobre 20 exige lograr determinado consenso, mientras que siendo 13 cobra especial incremento dicha ascendencia política, pues para aprobar una terna de jueces o una acusación a un magistrado se necesita una mayoría especial de dos tercios que ante 13 miembros es el número de 9, pero con el número 5 podrá lograr oposiciones o eventualmente impedir las resoluciones por las mayorías agravadas», precisó la Federación de Colegios de Abogados.
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