Denuncia contra Donnelley recayó en el juez Rafecas

El cierre de la imprenta Donnelley amenaza con dejar a 400 personas sin trabajo.

La denuncia presentada por la AFIP contra la empresa de capitales estadounidenses Donnelley Argentina SA quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien deberá dar vista a la fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación y ordenar medidas de prueba.

La causa es la 7871 y por sorteo quedó asignada a Rafecas, informaron fuentes judiciales. La AFIP denuncio a la empresa por "infracción" del artículo 309 inciso 1 según ley 26.733" (de Antiterrorismo).

El pedido de revocatoria de quiebra que el Estado nacional realizó ante la justicia comercial contra la imprenta se fundó en que la empresa no tiene una deuda signficativa, sus activos son superiores al pasivo y no registra oscilaciones en su producción durante los últimos años. La deuda con la AFIP menor a los $ 100.000 y el activo de $ 180 millones es superior al pasivo de $ 140 millones.

El juzgado deberá ahora dar vista a la fiscalía, a cargo de Patricio Evers, para que elabore un dictamen que de impulso a la investigación si considera que hay posible delito y pida medidas de prueba al magistrado.

El artículo 309 establece que "será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente".

"En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente", continúa el texto de la norma.

Concluye que "el monto mínimo de la pena se elevará a dos años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, Internet, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva".

La presentación de la denuncia fue anunciada anoche por la presidenta Cristina de Kirchner. Por cadena nacional, la mandataria sugirió que la quiebra, que amenaza dejar 400 despedidos, fue orquestada por los fondos buitre, y anunció que la AFIP se presentó ante el juez de la quiebra para que la revierta. "Estamos ante un caso fraudulento para intentar atemorizar a la población", denunció la jefa de Estado.


En las últimas horas se pudo determinar que la composición accionaria de la casa matriz del grupo empresario es la sociedad estadounidense R.R. Donnelley & Sons Company y entre sus principales propietarios figuran los fondos de inversión Blackrock Inc., Capital World Investors, The Vanguard Group Inc. y State Street Corporation.

Estos grupos inversores son socios del fondo de inversión Elliott Management Corporation, perteneciente al magnate Paul Singer, en varios sectores estratégicos de inversión como por ejemplo el energético. Todos ellos participan en el capital de la empresa Hess Corporation, cuyo presidente habría sido nombrado a instancias de Singer.

También se determinó que estos fondos tienen participaciones en común en las siguientes empresas: Hornbeck Offshore Services, Delphi Automotive PLC (con presencia en Argentina), Riverbed Technology Inc., Companhia de Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo, Juniper Networks Inc.