El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La norma fue dispuesta el lunes 29 de abril a través del Decreto 687/2002, y se autoriza a esa cartera a prescindir de la licitación pública para compras destinadas a planes de atenciones de emergencia, reduciendo las adquisiciones a una elección entre sólo tres empresas llamadas directamente por el ministerio. Según la UAPE, ni siquiera estas operaciones son citadas previamente por Internet, «como si esto pudiera demorar algún trámite», con lo cual lo que se conseguiría, en lugar de agilizar las compras, «oscurecerlas desconociendo las normas de compras y dejando al posible arbitrio de los corruptos la negociación de las compras de emergencia y sus eventuales pagos, los cuales seguramente serán privilegiados».
La UAPE analiza, además, que «el Estado nacional en general, y el Ministerio de Desarrollo Social en particular, se encuentra en cesación de pagos desde diciembre del año pasado», y que «no tiene oferentes porque es imposible cotizar, formar un precio, en una economía que varía cotidianamente y, además, no atiende sus obligaciones». Se pregunta asimismo la entidad que «si la norma dice que la razonabilidad de los valores surgirá de los precios testigo que aportará la sindicatura, ¿acaso existe algún precio testigo en esta crisis?».
La UAPE envió por este tema una carta al presidente Eduardo Duhalde, donde se menciona que la decisión es un error, y que el mismo trámite, sin la compra directa, se puede realizar «con métodos legales, transparentes y eficientes, con la premura requerida y el cumplimiento escrupuloso de las entregas».
Fuera de este problema, ayer la Secretaría de Hacienda que dirige
Dejá tu comentario