Denuncian a diputados por abuso de autoridad

Los legisladores que integran la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados fueron denunciados ante la Justicia por el presunto delito de abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor de funcionario. Se reclamó, además, que se cite a los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia para que expliquen si se sintieron presionados por el mensaje del presidente Néstor Kirchner difundió el martes pasado por cadena nacional y en el que, abiertamente, confrontó con el Tribunal.

La presentación fue promovida por el abogado José Llompart, apoderado legal del productor Nito Artaza, quien amplió una denuncia realizada en el juzgado de Norberto Oyarbide en diciembre del año pasado.

En esa oportunidad, se denunció una «operatoria política» que tenía como eje el apartamiento de los jueces Carlos Fayt y Adolfo Vázquez, para intervenir en la decisión del «caso Beratz», que debía emitir un fallo sobre la inconstitucionalidad de los decretos de pesificación de depósitos.

Según entendieron la intención fue «perpetrar y orquestar» un proceso de enjuiciamiento a un magistrado «de crucial importancia en la resolución de un caso que puede llegar a tener importantes consecuencias en el reconocimiento de derechos individuales».

•Exceso

Como en diciembre, el abogado de Artaza consideró que las últimas manifestaciones tanto del Presidente como el de los integrantes de la comisión de juicio político, puede configurar «un ilícito que compromete la administración de Justicia» y «constituye un exceso en las funciones públicas y un abuso de poder de sus instrumentadores».

Si el juez Oyarbide encuentra elementos que indiquen semiplena prueba de la denuncia, la comisión deberá inhibirse de seguir actuando en el juicio político. Se entraría así, en un virtual conflicto de poderes donde se cuestionaría la potestad que puede tener la Justicia para investigar los actos de otro poder del Estado.

•Pretensiones

Pero el panorama se presenta más interesante, porque hasta es posible que los legisladores si se los inhibe de seguir investigando deban recurrir a la Corte (a cuyos integrantes juzga) para poner fin a tamaño diferendo y avanzar en sus pretensiones.

Otro dato que aporta: Oyarbide debió pasar por una instancia de juicio político cuando al frente de esa estratégica comisión se encontraba el rionegrino y duhaldista Carlos Soria, y los legisladores que la componían avalaron el enjuiciamiento del magistrado, pero el Senado terminó por rechazar su remoción. Este proceso fue uno de los últimos que se hizo antes de que se instalara el proceso de selección y destitución de jueces del Consejo de la Magistratura.

En otro capítulo de la dura lucha política abierta la semana pasada por Kirchner, ayer el presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, recibió dos denuncias por los presuntos delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, sabotaje y coacción agravada.

La primera de las denuncias fue efectuada por el abogado Juan Carlos Iglesias y plasmada en una presentación de ocho carillas y quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.

En esa presentación, el letrado afirmó que la propuesta de Nazareno de tratar en su acuerdo de este miércoles el denominado «caso Lema», constituye una «virtual amenaza atento a la existencia de la mayoría automática en su seno». «Esta presión o coacción activa de Nazareno se hace extensiva a la mayoría automática de la Corte y fue dirigida al propio presidente de la Nación, Néstor Kirchner», evaluó el denunciante, quien consideró que si bien «la víctima» es el mandatario, «la verdadera damnificada es la República».

La otra denuncia contra Nazareno fue impulsada por el abogado Enrique Piragini en el juzgado a cargo del juez federal Norberto Mario Oyarbide. Piragini, pidió que se investigue si Nazareno, en recientes declaraciones públicas y con otros hechos, presionó al gobierno nacional, con causas pendientes de resolución en la Corte.