Denuncian malversación en derechos humanos

Un escándalo inimaginable para una organización de derechos humanos quedó al desnudo ayer. Lo reveló Estela Carlotto. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó el destino irregular de los fondos que maneja la Comisión por la Memoria, organismo que entre 1999 y 2001 recibió del gobierno provincial 2.100.000 pesos. Carlotto también denunció que falsificaron su firma para solicitar dinero, que algunos miembros de la comisión percibían onerosos sueldos (se habla de 3.200 pesos más viáticos) y que se sacaron fondos de la comisión para asignárselos a un Centro de Estudios por la Memoria del que no estaba enterada. En duros términos, la presidenta de Abuelas pidió que se investigue, entre otros, a la periodista Gabriela Cerrutti, secretaria de ese ente. Se trata de una de las denuncias más graves, porque hasta hace unos días desde esa comisión -obviamente no Carlotto- se acusó al gobernador Felipe Solá de intentar quitarle su autonomía como castigo por las críticas a la política de seguridad bonaerense. Varios de los representantes de esa comisión distanciados de Carlotto se reunieron ayer con Néstor Kirchner y hasta se animaron a desmentir la renuncia de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Claro, aprovecharon para cargar contra el procurador Eduardo de la Cruz, poco querido hoy en Casa de Gobierno por su investigación de llamadas telefónicas desde despachos oficiales.

Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, acaba de pegar un portazo de la Comisión por la Memoria (organismo de Derechos Humanos) denunciando un manejo irregular de fondos. Detrás de ella dejó entablado un verdadero escándalo, ya que nadie imaginaba esas corruptelas en esas instituciones.

En el mismo momento en que Carlotto se despedía arrojando graves sospechas, el resto de los integrantes de la comisión buscaba las alas protectoras de Néstor Kirchner y acusaba al gobernador Felipe Solá de pretender quitarles autonomía para poner a ese organismo bajo la órbita del Ejecutivo bonaerense. Una forma de desviar la atención sobre el manejo de los fondos. Deslizaron una especie de «castigo» por las críticas a la política de seguridad que impulsó primero Juan Pablo Cafiero y luego Juan José Alvarez. El domingo, el diario oficialista «Página/12» se hizo eco de los supuestos ataques contra la Comisión que funciona con un presupuesto que entre 1999 y 2001 llegó a los 2.100.000 pesos.

La Comisión por la Memoria fue creada en julio de 1999 para reconstruir la verdad, a partir del descubrimiento de los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires y tuvo como objetivo la preservación, digitalización y difusión de esos documentos.

Pero resulta que Carlotto vino a poner un poco de luz a lo que parecía una arbitrariedad. Ayer, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo decidió revelar varias de las irregularidades que se producían en ese organismo, donde ya dejó de tener influencia decisiva.

Por caso, citó que el Tribunal de Cuentas de la provincia ya había advertido sobre las «desprolijidades» en la administración del dinero, por la llamativa erogación de 900 mil pesos. La ausencia mágica de ese monto significó que no hubiera luego presupuesto para digitalizar los archivos de la Inteligencia bonaerense.

• Más grave

Carlotto dijo que unió su queja a la de Sara Cobacho de Dorotier, vicepresidenta de la comisión, subsecretaria de Derechos Humanos, ex presa política y madre de dos desaparecidos, que plantearon su disconformidad ante la directora del equipo técnico, Gabriela Cerrutti (autora de «El Jefe», discípula predilecta de Horacio Verbitsky), pero que ésta ni siquiera las escuchó.

Más grave aún: «No sólo no fui escuchada, sino que ante las numerosas irregularidades, como la falsificación de mi firma para solicitar dinero, gastos excesivos para la publicación de la revista 'Puente', sueldos onerosos para algunos miembros del equipo técnico y la falta de pago a la Universidad de La Plata, debe sumarse la aparición de un 'Centro de Estudios para la Memoria', que ha recibido dinero del presupuesto asignado a la Comisión sin tener constancia de su existencia y sin ser conocido por mí». Pura dinamita.

Se afirmaba ayer que algunos miembros de la Comisión Ejecutiva percibían sueldos superiores a los 3.200 pesos mensuales, más viáticos, horas extras y tareas en comisión a los que no se le realizan retenciones de ningún tipo y que serían afrontados con fondos que el Estado destinó para la digitalización de los documentos.

No guardó nada Carlotto, enojada porque separaron de la comisión a Sara Cobacho de Dorotier aduciendo que era miembro del Poder Ejecutivo provincial, hecho que no era nuevo ya que desde hacía un año y medio desempeñaba dicho cargo sin dificultad alguna.

La Comisión Ejecutiva, además de Cerrutti, está integrada por Sandra Raggio, María Saravi, María Marcheschi y Ana Cacopardo.

Además, Carlotto se quejó de que en su ausencia del país se organizó un «burdo 'llamamiento a la opinión pública y a los organismos de Derechos Humanos'», por parte de las restantes autoridades de la comisión.

Precisamente, parte de ese grupo integrado por el fiscal de Bahía Blanca Hugo Cañon y Leopoldo Schifrin, esperó que Carlotto saliera del despacho del secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, para luego entrevistarse con Kirchner.

No sólo dijeron que Solá estaba molesto y no los atendía, sino que también castigaron al procurador general de la Corte de Buenos Aires, Eduardo de la Cruz. De él dijeron que desactivó el banco de datos que existía en la Defensoría de Casación, que tomó medidas arbitrarias con los defensores y que «ha interrumpido investigaciones valiosas en los casos de tortura».

Schifrin deslizó que la continuidad de De la Cruz tenía sentido en el amplio apoyo que gozaba del justicialismo, de «políticos fuertes» en la Legislatura y en la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Más controvertido aún, Schifrin les aseguró a los periodistas en la Casa Rosada que Carlotto no había renunciado, cuando en realidad la presidenta de Abuelas ya pedía por escrito que se investigara el presupuesto de la comisión que se había ejecutado hasta el momento.