Derrocó el cristinismo al primer juez

Debutó ayer el dúo cristinista que integran Carlos Kunkel y Diana Conti en el Consejo de la Magistratura con un caso que urgía al gobierno: avanzar en el juicio político del juez Carlos Liporace por «mal desempeño» en la investigación de la ya adormecida causa del tráfico de 60 kilos de cocaína a España.

Trascendental para el oficialismo, porque funcionarios de porte se vieron envueltos en sospechas por el caso de las «valijas voladoras» en Southern Winds, la línea aérea subsidiada por el Estado.

Ayer, la Comisión de Acusaciones aprobó por unanimidad un pedido de juicio político contra el juez en lo Penal Económico por supuestas irregularidades cometidas en la pesquisa. Ahora deberá ser considerado por el plenario del cuerpo en la primera quincena de febrero. En caso de ser aprobado, Liporace será sometido a un jury de enjuiciamiento que podría Liporace fue acusado de supuesto «mal desempeño» por su intervención en el caso de las «narcovalijas», pero también en otro expediente en el que se habilitó un pago millonario al Grupo Yoma.

Los principales acusadores del juez Liporace fueron sus superiores, los camaristas de la Sala B de ese fuero, Roberto Hornos y el candidato a la Corte Suprema del monopolio «Clarín», Marcos Grabivker.

Precisamente, Liporace fue apartado de la investigación por el envío de droga a Madrid por disposición de sus superiores de la Cámara en lo Penal Económico, que a su vez lo denunciaron ante el Consejo por las supuestas irregularidades cometidas en la investigación. Esa decisión fue adoptada luego de que la fiscal Ruiz Morales recusara a Liporace por presunta «falta de imparcialidad» en la investigación.

El dictamen acusador fue defendido por Federico Storani (lo confeccionó su antecesor Juan Mínguez). En su alegato, el radical consideró que hubo «favorecimiento», del juez Liporace, hacia las autoridades de SW para enfocar la investigación contra los empleados de un menor rango.

Ciertamente, Liporace se corrió de la investigación porque las pesquisas empezaban a rozarles por responsabilidad a dos hombres fuertes del gobierno: el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el jefe de la Aduana, Ricardo Echegaray.

Claro que el magistrado no pensaba que sobre él caerían las acusaciones de sus superioresy que terminaría convirtiéndose en blanco del ataque político, pese a que los procesamientos que dispuso fueron convalidados por la Cámara que lo cuestionó.

Contra Liporace votaron, además del «Fredy» Storani, la arista Marcela Rodríguez, los abogados Beinusz Smukler, Luis Pereira Duarte y los cristinistas Carlos Kunkel y Diana Conti.

Con respecto a su intervención en otro expediente, Liporace fue cuestionado por haber beneficiado a la curtiembre Yoma al disponer el pago de $ 8,5 millones por reintegros impositivos.