24 de marzo 2016 - 10:22

Desclasifican más documentos sobre violaciones a DDHH

La Cancillería argentina desclasificó 847 documentos, en el marco de la conmemoración de los 40 años del inicio del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, referidos a violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura, que demuestran "la voluntad del Estado de garantizar el derecho a la verdad".

Los documentos echan luz sobre actos represivos y violaciones a los derechos humanos, permiten conocer la gestión de gobierno y posibilitan colaborar con las solicitudes judiciales en curso, informó Cancillería mediante un comunicado.

Entre la documentación desclasificada se destacan cables de embajadas que se refieren a denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Argentina; cables sobre casos notificados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que refieren al informe producido por ésta.

También, sobre remisión de artículos en periódicos internacionales que denuncian la situación en Argentina y cables enviados por la Misión Permanente ante los Organismos de Naciones Unidas en Ginebra al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto referidos a comunicaciones de la División de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la detención y desaparición de personas en la Argentina.

• Provincia

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) difundió los documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) que revelan la vigilancia, espionaje y persecución al movimiento obrero durante la última dictadura cívico militar.

Según esos documentos, los antecedentes de persecución y represión al movimiento obrero en Argentina pueden rastrearse hasta la sanción de la Ley de Residencia, la masacre de la Plaza Lorea a principios del siglo XX o incluso antes, pero a partir del golpe de Estado de 1976 se constituye como una práctica sistemática.

En los años previos a 1976, las Fuerzas Armadas y de seguridad incrementaron las acciones de inteligencia sobre el movimiento obrero
, desde la CGT hasta los cuerpos de delegados, consignaron, y los establecimientos industriales y fábricas fueron sometidos a la vigilancia con el fin de captar el conflicto en el lugar de trabajo.

En marzo de 1975, las fuerzas de seguridad realizaron en la localidad santafesina de Villa Constitución diversos operativos represivos contra un supuesto "complot subversivo" del que culpaban a militantes de la UOM.

La información se registra en la mesa gremial del archivo de la Dippba bajo el asunto "Situación en Villa Constitución" en el que se detalla día a día los hechos acontecidos entre el 21 de marzo y el 7 de abril: el paro de metalúrgicos y ferroviarios y las fábricas paralizadas, el asesinato del subjefe de la policía, el intento de copar la jefatura policial, el desalojo de la planta Acindar y el operativo para impedir la movilización organizada por los trabajadores.

Según la Comisión por la Memoria "en esa arquitectura informativa, la Policía de Buenos Aires fue imprescindible para garantizar el despliegue territorial en la provincia".

Durante el periodo 1976-1983, la Dippba contó con 16 delegaciones y 1.200 agentes abocados a la persecución ideológica, que consistía en acciones de seguimiento oculto directo sobre la víctima, investigación a sus vecinos y observación a sus familiares y lugares de trabajo.

Los 11.300 legajos y 432.000 fojas sobre factor laboral y gremial dan cuentan de la magnitud del control y persecución que la Dippba ejerció sobre el movimiento obrero.

Según los documentos, la Dippba hacía un relevamiento de fábricas para la construcción de un legajo caratulado: "Principales establecimientos fabriles industriales de la provincia de Buenos Aires que ha sufrido estados conflictivos y posible infiltración subversiva".

El relevamiento incluía un panorama completo de cada fábrica teniendo en cuenta datos como la ubicación (si se trata de "zonas claves de movimientos de agitación obrera"), ramo de actividad al cual están afiliados sus trabajadores, cantidad de personal, injerencia de organizaciones paramilitares en las plantas, origen del capital accionario de la firma y tipo de materia prima empleada.
También existía una nómina de "los activistas que pueden existir en cada fábrica, anexándose la misma en los casos que se haya detectado su accionar".

Mercedes Benz, Ford, Citroen, Astillero Río Santiago, Káiser, Swift, Rigoleau, FIFA, hilandería Olmos eran algunas de las fábricas sobre las cuales se realizaron acciones de inteligencia ante la previsión de "tirantez obrero-patronal".

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