Difícil sacar a Moliné pese a juicio viciado

El oficialismo comenzó a desplegar en las últimas horas una presión in crescendo sobre senadores de la oposición (podría extenderse a gobernadores de la UCR, si es necesario), con la mira puesta en afianzar los votos necesarios para destituir mañana a Eduardo Moliné O\'Connor. Desde la conducción del bloque justicialista, se hizo un sondeo -por expreso pe-dido de la Casa de Gobierno-sobre los radicales y provinciales que observan con preocupación la forma sumaria en que se pretende echar al juez supremo, entre otras cosas, sin respetar el derecho a defensa y las garantías procesales. Aun cuando el PJ descuenta que conseguirá con holgura 2/3 de las adhesiones para cerrar de manera exitosa -desde el punto de vista de Néstor Kirchner-el juicio político contra el ministro de la Corte, no quiere sorpresas de último momento. Los legisladores alineados con el gobierno son conscientes de que, por cada mano que no se levante (que no avale la condena), necesitarán 2 que acompañen la remoción de Moliné. Los favorece que los 2/3 se tomen sobre los miembros presentes, de manera tal que resultará fundamental la actitud que adopten los disidentes, sea que se pronuncien contra el proceso o se retiren del recinto a la hora de la sentencia (directamente, podrían faltar a la sesión), lo cual ayudaría, en forma indirecta, a los aspirantes a verdugo. En el plano doméstico, se prevé la discrepancia de Eduardo Menem, a quien podrían sumarse el correntino Angel Pardo, la salteña Sonia Escudero y el gastronómico Luis Barrionuevo. Salvo el riojano (im-permeable a cualquier reclamo de semejante calibre), es posible que los demás compañeros reciban sugerencias de abstenerse de inter-venir en la deliberación, a fin de evitar complicaciones y -en consecuencia-ahorrarse futuros castigos por desafiar directivas kirchneristas. No habría que descartar que acepten tales consejos, teniendo en cuenta cómo les va a los adversarios gubernamentales. Es decir que, en la peor de las situaciones, el peronismo podría reunir dentro de 24 horas entre 33 y 37 manos propias, incluida la porteña María Laura Leguizamón, que dictará el fallo a una semana de haber asumido (¿dispondrá de tiempo para leer 20 mil fojas?), más las de un par de socios extramuros -Vilma Ibarra y Diana Conti-, con lo cual ascenderían a 39 como máximo. En esas condiciones, la asistencia no podrá ser superior en el recinto a 58. Por encima de esa cifra, será impracticable ajusticiar a Moliné, salvo que haya amigos radicales o provinciales. Si estuviera todo plenario (71 senadores), los avales deberán trepar a 48 voluntades, número imposible de conseguir sin la complicidad de, por lo menos, una decena de representantes de otras escuderías. La UCR -aunque sea una parte-deberá subirse a la acusación o retirarse del cuerpo antes de la votación. Es evidente que, si los correligionarios se dejaran llevar por la posición histórica respecto de la ampliación de la Corte en tiempos de Carlos Menem y de Moliné mismo, decretarían ipso facto la capitis diminutio del magistrado. Fueron los principales contradictores de subir de 5 a 9 la cantidad de miembros del máximo tribunal, y encabezaron los pedidos de juicio político contra la denominada «mayoría automática», identificada con el peronismo de Anillaco. El problema, que advierten Raúl Baglini y el santiagueño José de Zavalía (por mencionar a los que hicieron explícitas sus críticas al trámite anti-Moliné), es que el procedimiento elegido se parece más al de un circo romano, donde leones devoran opositores, que a cualquier juicio en estado de derecho. El dilema radical es que, si salvan o votan en contra del enjuiciamiento (no a favor del acusado), quedarán como aliados del menemismo y protectores de un juez al que siempre quisieron decapitar, pero con métodos transparentes y causas justificadas, no endebles como las de los expedientes que se le reprochan: Meller, Macri y Magariños. Conocen, además de las represalias que pueden dedicarles desde el oficialismo, que tratarán de endilgarles la peor vinculación política y judicial, en caso de que se rebelen contra esta embestida. Por otro lado, y esto beneficia al reo, temen estos radicales -a imagen y semejanza de peronistas que sólo lo admiten a sus íntimos, pues están sujetos al PJ-pasar a la historia como partícipes de un modelo de destitución de magistrados poco serio. De cualquier manera, antes de la resolución, habrá una sesión secreta que comenzará mañana, a las 12. Sin taquígrafos ni asesores (por supuesto, tampoco cronistas u otros testigos), los senadores debatirán a solas lo que ya ha decidido el gobierno. A continuación (puede durar horas), ya con las puertas abiertas del recinto, se hará la votación nominal. Ayer, la ONG Poder Ciudadano le reclamó a Daniel Scioli que esa discusión privada se haga pública para darle mayor transparencia al proceso.

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