El proyecto fue impulsada por la Presidente semanas atrás.
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado dos proyectos de derechos humanos del Poder Ejecutivo: la despenalización del delito de calumnias e injurias y la participación de agrupaciones como querellantes en los juicios por desaparecidos.
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Las iniciativas contaron finalmente con el acompañamiento de los sectores antikirchneristas, que en principio habían adelantado sus diferencias con los proyectos.
En el debate de la despenalización de calumnias e injurias se opusieron el bloque que comanda Federico Pinedo y la diputada del Frente por los Derechos Ciudadanos, Ginzburg, ya que el resto de la oposición -con algunas diferencias- decidió acompañar el proyecto.
"A calumniar que es gratis. Ahora ponen una multa para que cualquiera diga lo que quiera. Si se aprueba esta reforma uno puede llamar prostituta o pederasta a cualquiera", enfatizó la diputada Lidia "Pinky" Satragno, por el macrismo.
El texto sobre calumnias e injurias plantea modificaciones a varios artículos del Código Penal de la Nación, para que esa figura deje de ser punible penalmente y se aplique sólo en el fuero civil.
"La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con una multa. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas", afirma la norma del Poder Ejecutivo.
Las modificaciones en el Código Penal, a fin de despenalizar el delito de calumnias e injurias, alcanzaron 154 votos a favor y 12 en contra, del bloque del PRO y Ginzburg.
En tanto, la norma que contempla la participación de las agrupaciones de derechos humanos como partes querellantes en procesos que investigan delitos cometidos durante la última dictadura militar obtuvo 176 votos a favor y 1 en contra, de la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Nora Ginzburg.
El diputado del Frente para la Victoria, Remo Carlotto, hijo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que "este proyecto que habilita a los grupos a ser querellantes viene a dar respuesta a un pedido histórico de las agrupaciones de derechos humanos".
"Es un acto de reparación para todos los organismo de derechos humanos", subrayó Carlotto.
Luego de que varios bloques opositores anticiparan su rechazo, por considerar que la ley también debería permitir como querellantes a otro tipo de agrupaciones, la diputada del Encuentro Popular y Social, Victoria Donda, enfatizó: "No podemos escondernos detrás del derecho de querer ampliar esta posibilidad".
"Es un derecho que se esperó por treinta años, deberíamos tener consenso", resaltó la legisladora nacional y nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.
Entonces, el diputado de la UCR, Pedro Azcoiti, que había presentado un dictamen de minoría, aseguró que su bloque iba a reconsiderar su postura y acompañar al proyecto del Poder Ejecutivo.
"No nos cabe duda de que hay que ampliar, para que no sólo sea a las agrupaciones de derechos humanos, pero mi bloque no va a tener problema de dejar de lado nuestro dictamen de minoría y acompañar este proyecto. Accedemos a acompañarlo", subrayó Azcoiti.
Lo mismo hizo el PRO, la Coalición Cívica, el PJ disidente y el cobismo.
Esta iniciativa responde a un pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, luego de que en junio pasado, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal impidiera a los organismos de derechos humanos ser querellantes en la causa ESMA
En el recinto, el Frente para la Victoria solicitó la preferencia en los otros dos proyectos de derechos humanos de Cristina Kirchner, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y la polémica reglamentación de métodos poco invasivos para la realización de los análisis de ADN, para que sean tratados en la próxima sesión.
"Espero poder votar la ley de ADN, para terminar con los desaparecidos en vida. La ley de ADN no hace más que terminar con un delito", destacó Donda en el recinto.
Esa iniciativa establece los métodos de "obtención de Ácido Desoxirribonucleico (ADN)", en los casos judiciales que pretenden determinar la identidad de posibles familiares de desaparecidos.
"El juez podrá ordenar la obtención de ADN del imputado o de otra persona, cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación", afirma el texto de la norma.
No obstante, establece que la extracción debe ser "practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo especialmente en consideración su género y cualquier otra circunstancia en particular".
La jefa de Estado había enviado los cuatro proyectos al Parlamento durante un homenaje a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al cumplirse treinta años de su visita al país durante la dictadura, el 11 de septiembre pasado.
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