La Cámara de Diputados avanzó con la sanción de una multitud de proyectos y resoluciones. Entre ellos convirtió en ley una iniciativa que establece que los delincuentes sexuales que soliciten el beneficio de salidas transitorias deberán recibir asistencia de equipos profesionales, que evaluarán las posibilidades de reincidencia.
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El proyecto, que se votó sin debate y por unanimidad, apunta a "reducir la probabilidad de reincidencia" y busca una "adecuada inserción al medio social de las personas condenadas por delitos graves contra la integridad sexual".
Se trata de una propuesta presentada en 2009 por los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel, meses después del crimen de Soledad Bargna, asesinada el 22 de mayo de ese año en su departamento del barrio de Caballito por un vecino que gozaba del régimen de salidas transitorias y semilibertad.
El proyecto ya había pasado por el Senado semanas atrás, pero la Cámara Alta introdujo modificaciones y el texto volvió a Diputados, donde esta noche recibió sanción definitiva.
De acuerdo con la norma, serán creados equipos de profesionales especializados en la asistencia de delincuentes sexuales, que deberán informar al Juez de Ejecución cuando se requieran salidas durante el cumplimiento de la pena.
La idea es asegurar que, antes de emitir cualquier resolución, se realice un pormenorizado análisis sobre las circunstancias personales que rodean al condenado, mediante informes elaborados por un equipo interdisciplinario.
La iniciativa no prohíbe el goce de las modalidades de ejecución de la pena, que contribuyen a la reinserción social, sino que efectivizan los derechos de los reclusos dentro del sistema en el cumplimiento de su pena.
• Régimen de Contrato de Trabajo
Diputados dio media sanción a tres proyectos que modifican el Régimen de Contrato de Trabajo para ampliar los derechos de los trabajadores.
Uno de ellos modifica el artículo 153 de esa norma y establece que "cuando el trabajador no llegase a totalizar el tiempo mínimo de trabajo -previsto en la ley- gozará de un período de descanso anual, en proporción de un día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo".
Además, la norma señala que "en el caso de cierre del establecimiento por vacaciones, por un período superior al tiempo de licencia que pueda corresponderle al trabajador, éste tendrá derecho a percibir los salarios correspondientes a todo el período del cierre que no fueren compensados por vacaciones".
También se aprobó una iniciativa que cambia el artículo 210 del régimen y le otorga al trabajador "la libre elección de su médico", aunque "estará obligado a someterse al control que le efectúe el facultativo designado por el empleador".
"En caso de discrepancia entre el médico del trabajador y el del empleador, éste deberá solicitar a la autoridad administrativa del trabajo -dentro del quinto día- la designación de un médico oficial, quien determinará al respecto", dice la ley.
El tercer proyecto aprobado introduce modificaciones al artículo 18 del régimen, en cuanto a la concesión de derechos al trabajador en función de su antigüedad.
"Se considerará tiempo de servicio el que corresponda a los sucesivos contratos a plazo que hubieren celebrado las partes y el tiempo de servicio anterior, cuando el trabajador, cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo empleador", sostiene.
• Presos políticos
Se convirtió en ley el proyecto que establece un régimen reparatorio para quienes estuvieron en condición de presos políticos durante la última dictadura militar.
El proyecto, que unificó las propuestas de Juan Carlos Díaz Roig (Frente para la Victoria) y Graciela Iturraspe (Unidad Popular), propone una pensión graciable para aquellas personas detenidas por cuestiones políticas en el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983.
La iniciativa alcanza a las personas "que hayan sido privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares, condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, ya privadas de su libertad, como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles".
• Reconstrucciones mamarias gratuitas
Diputados aprobó un proyecto de ley que habilita a mujeres sin cobertura médica y que hayan padecido una ablación mamaria o mastectomía a recibir en forma gratuita la reconstrucción del pecho.
La iniciativa, aprobada por unanimidad y sin debate previo, establece que esas cirugías -que se realizarán en hospitales públicos- serán cubiertas con partidas del presupuesto del Ministerio de Salud.
"Las mujeres a las que se les haya practicado ablación mamaria o mastectomía en hospitales públicos y que no posean cobertura médica de una obra social o medicina prepaga tendrán derecho a que se les realice gratuitamente la reconstrucción mamaria", sostiene el primer artículo de la norma.
• Celulares
Los legisladores aprobaron y enviaron al Senado un proyecto de ley que fija en 180 días el plazo de vencimiento del crédito no utilizado en telefonía celular, que actualmente caduca a los 30 días.
El texto incluye al crédito para las comunicaciones de voz, mensajería de texto, multimedia o paquetes de datos para la navegación en Internet, ya sea por abono fijo, abono libre, pre-pago con tarjeta o pre-pago a través de carga virtual.
"En la actualidad, en los casos que los usuarios no utilizan en su totalidad el crédito adquirido, la compañía prestadora del servicio de comunicaciones móviles reserva para sí dicho excedente", señala el proyecto en sus fundamentos.
Por otra parte, advierte que "las empresas de telefonía móvil insertan al mercado múltiples promociones otorgando crédito a bajo costo -modalidad con tarjeta o carga virtual-, otorgando un tiempo acotado para su utilización, siendo imposible, desde cualquier punto de vista, el consumo total de lo comprado".
• Posibilidad laboral para discapacitados
Un proyecto que crea el Regimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad fue convertido en ley por la Cámara de Diputados.
La norma, impulsada por el Poder Ejecutivo, otorga beneficios tributarios o estímulos económicos a las empresas que adhieran a los talleres protegidos de producción, creados para promover "el desarrollo laboral de las personas con discapacidad".
De esa forma, los trabajadores con algún grado de discapacidad serán incluidos en las empresas a través de los denominados "talleres protegidos especiales para el empleo, talleres protegidos de producción y grupos laborales protegidos".
Como objetivo central, la norma apunta a impulsar "la superación de las aptitudes, las competencias y las actitudes de las personas con discapacidad, de acuerdo con los requerimientos de los mercados laborales locales".
Los trabajadores que se integren a estos talleres deberán ser personas con discapacidad, desocupados, con escasa productividad y con dificultades para insertarse laboralmente.
• Nutricionistas
La Cámara aprobó un proyecto de ley que regula la actividad de los nutricionistas, establece el marco legal, y fija derechos y obligaciones.
La iniciativa establece que los nutricionistas o licenciados en nutrición "deberán inscribir previamente el título universitario expedido, revalidado o habilitado" para poder ejercer la profesión.
La norma prohíbe también el ejercicio de la profesión a quienes "hayan sido condenados por delitos dolosos a penas privativas de la libertad e inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio profesional por el transcurso del tiempo que determine la condena".
Tampoco podrán realizar la actividad, entre otras cuestiones, quienes mantengan deudas por aranceles de matrícula o estén sancionados con suspensión o exclusión en el ejercicio profesional, mientras dure la sanción.
Incluso, el proyecto habilita la posibilidad de que sean sancionados quienes ejerzan la profesión sin título habilitante.
• Torturas
Diputados convirtió en ley un proyecto que crea un sistema nacional de prevención de torturas en cárceles y facilita la investigación por malos tratos y apremios a detenidos.
La iniciativa da forma al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo objeto será garantizar todos los derechos reconocidos por la Convención del mismo nombre firmada por la Organización de Naciones Unidas.
La legislación alcanza a todos los establecimientos de detención bajo jurisdicción de los estados nacional, provincial o municipal, así como cualquier otra entidad pública, privada o mixta donde se encuentren personas privadas de su libertad por orden, instigación o consentimiento de la autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.
Crea también el Comité Nacional contra la Tortura, que dependerá del Parlamento y estará integrado por miembros del Congreso, representantes de las provincias y organismos nacionales, como la secretaría de Derechos Humanos y de la Procuración Penitenciaria Nacional.
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