Diputados impugnan la audiencia por la Ley de Glaciares y denuncian restricciones a la participación

Legisladores de distintos bloques cuestionaron la validez del proceso convocado para debatir la reforma de la norma. Advierten irregularidades, limitaciones en la intervención ciudadana y anticipan una posible judicialización.

Un grupo de diputados presentó un pedido de impugnación a la audiencia por la Ley de Glaciares. 

Mariano Fuchila

Un grupo de diputados presentó este miércoles una impugnación formal contra la audiencia pública convocada en la cámara baja para tratar la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), al considerar que no cumple con requisitos básicos de participación ciudadana.

La presentación fue encabezada por Maximiliano Ferraro y acompañada por Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías. En el escrito, los legisladores sostienen que el proceso “resulta inválido” por una serie de irregularidades en la metodología adoptada.

Según plantearon, el esquema implementado restringe la participación de manera “ilegítima” y vulnera normas como el reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (25.675) y el Acuerdo de Escazú (27.566), que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

Ley de Glaciares: denuncian límites a la participación y falta de transparencia en la audiencia

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la limitación de las intervenciones orales y a los criterios de selección de participantes. De acuerdo con Ferraro, más de 100.000 personas se inscribieron para formar parte del debate, pero solo una porción mínima podrá exponer.

“Estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa. En lugar de garantizar la escucha, se decidió limitar la participación al 0,3%”, afirmó el diputado, quien también advirtió que las reglas del proceso fueron modificadas una vez iniciada la convocatoria.

En la misma línea, Selva denunció que “se cercenó la participación de manera arbitraria” y cuestionó la falta de transparencia en la selección de oradores. Además, criticó que se haya utilizado un fallo de la Ciudad de Buenos Aires para restringir la intervención de ciudadanos de otras jurisdicciones.

Los legisladores remarcaron que el formato adoptado desnaturaliza el sentido de una audiencia pública, al reducirla a una instancia “meramente formal” sin debate real ni posibilidad efectiva de incidencia por parte de la ciudadanía.

La impugnación solicita la invalidez de la audiencia, la nulidad de los actos realizados en ese marco y la convocatoria a una nueva instancia que garantice condiciones “reales, abiertas e inclusivas” de participación.

El planteo se produce en paralelo al inicio de las audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que ya genera controversia por su impacto potencial en la protección de recursos hídricos y actividades productivas en distintas regiones del país.

Según pudo reconstruirse, el eje del conflicto no es solo el contenido de la reforma, sino también el procedimiento elegido para discutirla. En ese marco, los diputados dejaron asentada la posibilidad de acudir a la Justicia si persisten las restricciones denunciadas.