El radicalismo de Diputados se negó ayer a facilitar los 2/3 que el PJ necesitará hoy para habilitar el tratamiento sobre tablas de la modificación de «subversión económica». Por esta razón, la reforma recién podría bajar al recinto la semana que viene cuando el dictamen de comisión haya cumplido con los plazos reglamentarios y no sea imprescindible conseguir una mayoría especial para comenzar el debate.
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No obstante, anoche el gobierno intentaba una maniobra de último momento destinada a torcer la intransigencia del principal aliado extramuros del duhaldismo, vía un llamado desesperado de Eduardo Duhalde a Raúl Alfonsín. También el bloque conducido por Humberto Roggero procurará buscar aliados de alguna facción doméstica del radicalismo y del Interbloque Federal de partidos provinciales, y así forzar la sesión. Pero los números parecían escasos y todo indica que el presidente designado sólo podrá mostrar en la gira europea la nueva Ley de Quiebras, incluida en el «Documento de 14 puntos» que firmaron los gobernadores y que se ratificará en el Senado (ver nota aparte).
El jefe de los diputados de la UCR, Horacio Pernasetti, confirmó a este diario que «la única alternativa es que el PJ acepte votar nuestro proyecto, de manera tal que vuelva al Senado con una mayoría especial (también de 2/3) y no haya posibilidad de que se imponga la escandalosa derogación votada la madrugada del jueves pasado».
No sirvió de nada que José Luis Gioja, en nombre de la bancada senatorial del PJ, se comprometiera públicamente a que «aprobaremos lo que vote Diputados» y sus compañeros explicaran que la derogación había sido una maniobra desesperada para que no se cayera la ley ante la falta de apoyos en el hemiciclo.
La negativa del radicalismo, además de cuestiones jurídicas (pretenden que el delito de vaciamiento empresario, corazón de «subversión económica», pueda probarse más fácilmente y no sólo cuando exista fraude, como quiere el Ejecutivo), esconde las graves fisuras políticas de entrecasa.
Por la mañana, Pernasetti ya había adelantado al peronismo de manera extraoficial esta información. Curiosamente, compartió el mismo vuelo con los riojanos Ricardo Quintela y Adrián Menem, quienes venían de sus provincias e hicieron escala en Catamarca, terruño del cacique radical.
• Dos despachos
Al anochecer, las disidencias entre PJ y UCR se trasladaron al plenario de las comisiones de Legislación Penal y Justicia, donde las respectivas presidentas, la storanista Margarita Stolbizer y la abogada duhaldista María del Carmen Falbo, no lograron consensuar un dictamen único que allanara el camino a la sesión programada para hoy.
Finalmente, hubo 2 despachos, uno de mayoría, capitaneado por Falbo, que convalida el texto acordado oportunamente con Roberto Lavagna y con el visto bueno del FMI, y otro que reproduce una iniciativa de Stolbizer de mayor espectro de aplicación y que, a juicio de los correligionarios, frenaría un eventual desprocesamiento de banqueros perseguidos por la ley de «subversión económica». El ARI de Elisa Carrió se abstuvo de rubricar alguno de estos papers.
El justicialismo, sin embargo, no disciplinó totalmente a la propia tropa. Adrián Menem y la salteña Lelia Chaya, que participaron de la deliberación conjunta, firmaron en disidencia el dictamen redactado por Falbo. El riojano lo hizo en disidencia total, ya que consideraba más oportuno avalar la aprobación del proyecto de los senadores provinciales Ricardo Gómez Diez y Pablo Walter, con media sanción de la Cámara alta y que disponía la derogación de la polémica Ley 20.840, tal cual había recomendado el documento de los mandatarios provinciales. Su colega del NOA criticó la modificación al Código Penal en lo que respecta al delito de agio (artículo 300) que impulsa en la misma propuesta parlamentaria el gobierno. En la redacción presentada, se agrava la pena para quien manipule un aumento de precios cuando se trate de medicamentos, combustibles y comestibles.
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