Duras críticas de la Iglesia a la reforma judicial

Desde que Cristina de Kirchner anunció casi sobre el final de su alocución ante la Asamblea Legislativa los siete puntos de un proyecto para avanzar en una reforma de la Justicia, fueron varias las voces a que se alzaron a favor o en contra de la idea. Ahora fue el turno de la Iglesia, que mediante la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina (CNJP) dio a conocer duras críticas a las iniciativas de la Presidente para "democratizar la Justicia" y se opuso así a cambios como la selección por medio del voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura.

"La elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura es un mecanismo que parece reñido con la norma constitucional y que en todo caso convertirá a un órgano que debe ser técnico y riguroso, en escenario de luchas partidarias", enfatizó la Comisión.

A través de un documento, el organismo dependiente del Episcopado señaló que "la politización de los jueces es inadmisible y conspira contra la neutralidad que cabe exigir de ellos, y que se expresa en la prohibición vigente de afiliación partidaria".

"Es imperativo evitar toda demagogia en el planteo de estas cuestiones y preservar lo que la Constitución manda en la materia", enfatizó.

La comisión que está integrada por laicos y que tiene como asesores al ex obispo de San Isidro monseñor Jorge Casaretto y el obispo auxiliar de Buenos Aires Joaquín Sucunza.

"La Argentina no ha elegido para sí misma cualquier forma de democracia: ha elegido la República", advirtió, al tiempo que evaluó que "en la República los gobernantes están al servicio de la Ley, y no las leyes al servicio de los apetitos o deseos de quienes gobiernan; y la independencia de los jueces es la garantía para que eso se cumpla".

El organismo encabezado por Eduardo Serantes evaluó que "los argentinos debemos aprender a convivir en un clima de amistad social, donde el que piensa distinto no sea un enemigo a aniquilar, sino un compatriota con quien conversar, en la búsqueda del bien común, y no del todo o nada".

La comisión también advirtió que "una auténtica preocupación por el servicio de Justicia debe recordar que éste es una atribución y una obligación ante todo de las provincias".

"Cualquier reforma que se intente, debe tener como norte el derecho de los más necesitados. En la Argentina, en general solamente los pobres van a la cárcel, y padecen allí la ausencia de condiciones mínimas de dignidad. La lentitud de los procesos judiciales, afecta en mayor medida a quienes no tienen tiempo ni recursos para aguardar su resultado", subrayó.

También evaluó que "después de treinta años de democracia, carece de sentido vincular al actual Poder Judicial con la dictadura militar".

"Todos los jueces actuales, incluyendo los muy pocos que lo fueron en épocas de dictadura y hoy siguen ejerciendo la magistratura en la Corte Suprema o en otros tribunales, han recibido el acuerdo del Senado y la designación del Poder Ejecutivo según mecanismos constitucionales", agregó.

Sobre las "presiones sobre los jueces" evaluaron que "del mismo modo que se afirma con acierto que la violencia ejercida por el Estado es más grave que la ejercida por grupos armados no estatales, precisamente por el mayor poder que tiene el Estado y por su rol de garante de la legalidad, son aún más repudiables las presiones y condicionamientos ejercidos sobre los jueces por los poderes públicos, de modo abierto o subrepticio".

"La utilización del poder estatal, o la amenaza de su uso, para torcer la voluntad de los jueces a favor de los intereses del Gobierno, merecen la mayor condena y no pueden ser nunca justificadas alegando supuestas o reales presiones pretendidamente simétricas ejercidas por privados", agregó.

Si bien consideraron que "hay que saludar con beneplácito la idea de una mayor transparencia judicial" anunciada por la Presidente, señaló que "sería deseable que esa política se extienda a todos los poderes y órganos del Estado, que se reactiven los organismos de control hoy paralizados y se implementen de modo efectivo los mecanismos de lucha contra la corrupción y de vigencia de la ética pública".

Sobre la anunciada creación de nuevas instancias judiciales señaló que "requiere una serena discusión teórica acerca de su conveniencia".

"Es lícito sospechar que lo realmente buscado no es agilizar los procesos, sino crear tribunales superiores a los existentes, con jueces íntegramente designados a gusto de las actuales mayorías, que puedan modificar la jurisprudencia en un sentido favorable a la autoridad política", advirtió.

En cuanto a la obligación de que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias señaló que "la modificación que se haga en esa materia debe contemplar las transiciones necesarias para evitar la violación de la regla constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces; y debe estar unida a la garantía de que no se utilizará la persecución fiscal como herramienta de presión sobre los jueces".

"Los mecanismos de ingreso al Poder Judicial en cargos administrativos o auxiliares necesitan efectivamente ser revisados y reemplazados por concursos transparentes", señaló.

Pero evaluó que "lo mismo cabe esperar del acceso a la administración pública (donde los mecanismos de selección están completamente desvirtuados por la multiplicación de contratados en función de su ideología o pertenencia partidaria, y no de su idoneidad), y en el Poder Legislativo".

Además, criticó "la prohibición de medidas cautelares o ejecutivas en contra del Estado" porque "sería la reedición de medidas ya tomadas en los años 90, para impedir o limitar el ejercicio de los derechos".