Echan de pueblo a jefa de Rentas que emitió boletas con leyenda antisemita
-
El futuro de Alberto Fernández: un diario español afirmó que podría ser asesor de Pedro Sánchez
-
Alberto Fernández prepara su último viaje como presidente

Facsímil de la boleta municipal impresa en General Campos.
"Lamentablemente pasó esto, y estamos avocados a esclarecer este hecho, porque nos preocupa muchísimo, además, porque General Campos es un pueblo de casi 4.000 habitantes, fundado casi por judíos", agregó Ramírez.
Al mediodía, el intendente confirmó al sitio Reporte Cuatro que la titular de Rentas, Marta Troche, reconoció haber sido la autora y que presentó su renuncia al hacerse responsable. La mujer fue la primera entrevistada por el asesor legal del municipio, Juan Pablo Arlettaz.
Ramírez también dijo que Troche será expulsada del pueblo, aunque aclaró que se continuará con la investigación para determinar co-responsables. "Que vuelen todas las cabezas" de los responsables, habría pedido el intendente, que políticamente responde al gobernador Sergio Urribarri.
El funcionario destacó que mismo día de conocido el hecho se pidió "disculpas" a la colectividad que vive en el pueblo y que lo volvió hacer nuevamente en reuniones mantenidas con dirigentes de la comunidad hebrea.
General Campos queda a 45 kilómetros de Concordia y es la localidad de mayor relevancia del departamento de San Salvador. También es el centro urbano de las colonias judías de Walter Moss, ubicada a 30 kilómetros al noroeste, y de Curbelo, a 10 kilómetros en la misma dirección. La sinagoga Unión Israelita de General Campos de 1931 es un emblema en el pueblo y constituye un importante patrimonio popular.
Ramírez transita su segundo mandato al frente del municipio, luego de haber conseguido la reelección como candidato del Frente Para la Victoria en 2011 con más del 49% de los sufragios.
• Repudio
A través de un comunicado de presa, la DAIA expresó "su más enérgica condena frente a un ataque antisemita de una gravedad sin precedentes".
"Este hecho inédito por su gravedad e implicancias, sólo puede merecer la condena unánime de las autoridades y de todos los sectores sociales y la exhaustiva investigación para individualizar a los funcionarios culpables y castigarlos con todo el peso de la ley", continuó el parte de la entidad.
"Las autoridades municipales son responsables de lo ocurrido y más allá de la investigación judicial se deben aplicar todas las sanciones administrativas y la consiguiente remoción del cargo a quien corresponda. No puede ocupar la función pública quien por acción u omisión promueve o tolera el odio racial y religioso al extremo de impulsar el crimen", agregó la DAIA.
Dejá tu comentario