El supuesto pago ilícito del Estado a Astillero Ortholan, que involucra a los mismos protagonistas de la causa por el presunto desembolso fraudulento de $ 54 millones por parte del Ministerio de Economía al grupo de aseguradoras Accolade Pool, presenta un nuevo personaje en común: el actual procurador general de la Nación, Osvaldo Guglielmino, fue el juez a cargo del reclamo de Ortholan que ordenó el peritaje de la millonaria suma a pagar y aprobó la entrega a la empresa demandante. En el caso de Accolade Pool, el actual procurador fue una de las instancias intervinientes que prestó conformidad para pagar la cifra denunciada.
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El entonces magistrado recibió el caso luego de que el primer juez a cargo, Francisco de las Carreras, aprobó el reclamo del astillero al Estado de $ 130 millones por la construcción de ocho barcos hidrográficos. La suma reclamada había nacido a partir de un subsidio otorgado por el Fondo de Marina Mercante, que pronto se convirtió en una demanda millonaria del astillero ante la entonces Secretaría de Marina Mercante. Cuando el caso fue presentado ante el fuero Contencioso Administrativo, el proceso se definió a partir de las cuentas que había presentado el deudor, es decir que el propio Estado habría estipulado que debían pagarse $ 130 millones a Ortholan.
Una vez que el juez aprobó el pago, comenzaron a circular rumores de lo exorbitante de la cifra y el Ministerio de Economía avisó sobre el posible abultamiento de la cifra.
Este llamado de atención desembocó en un proceso de juicio político contra De las Carreras, iniciado por el ex diputado Eduardo Varela Cid (que nunca prosperó), y la excusación del magistrado, lo que dio lugar a la intervención de Guglielmino. El actual procurador fue quien ordenó el peritaje y fijó la cifra a pagar en $ 1,3 millón. El Ministerio se limitó a suspender por 20 días a quien había estado a cargo del caso en la Secretaría y nunca presentó una denuncia penal contra los responsables de tramitar la demanda, tanto desde el ámbito público como desde el estatal.
Después de este episodio judicial, el caso se mantuvo en el Ministerio junto con los otros tantos reclamos de empresas contra el Estado, vinculados a antiguos entes públicos como la Caja Nacional de Ahorro y Seguros (de donde surge el caso de Accolade Pool), el Fondo de Marina Mercante (que devino en demandas millonarias de astilleros como Ortholan, Mestrina y Corrientes), ENTel (con el que está relacionado el caso Meller), y Greco, entre otros. Todos ellos avanzaron por la vía administrativa, más allá de los procesos judiciales, y con una modalidad similar, así como todos ellos presentan alternativamente como personajes intervinientes a los imputados en la denuncia penal del titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, ante el juzgado de María Servini de Cubría por el supuesto pago fraudulento a Accolade Pool.
En el caso de Astilleros Ortholan, el ex director de Administración y ex subsecretario de Normalización y Administración Patrimonial, Juan Cayetano Intelisano, y el empresario croata Johann Holjevac figuran, respectivamente, como responsable y beneficiario del presunto desembolso de 2005, que además habría sido aprobado por el actual secretario de Transporte, Ricardo Jaime, según la copia del expediente que publicó ayer este diario.
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