Efectivizan detención tras quedar firme las condenas en caso Greco

El histórico “Caso Greco”, revelado e investigado por Ámbito tuvo su epílogo ayer cuando, por orden de la Justicia federal, se efectivizó la detención del exfuncionario del Ministerio de Economía, Osvaldo Siseles. Fue luego de que la Corte Suprema rechazara por inadmisibles los recursos de apelación y quedara firme las condenas contra quienes fueron llevados a juicio en una sentencia dictada en abril de 2015. El juez Andrés Basso rechazó el pedido para conceder prisión domiciliaria de Siseles, condenado a cuatro años de prisión como coautor del delito de administración fraudulenta contra la administración pública. Su defensa había intentado ese beneficio argumentando cuestiones de salud y que el exfuncionario estaba a punto de cumplir 75 años. La fiscalía rechazó el pedido de los abogados y solicitó que se ordenase su inmediata captura. El informe del Cuerpo Médico Forense dictaminó que las dolencias aducidas por el imputado podían ser tratadas dentro de un establecimiento penitenciario. Siseles buscó impugnar ese informe, pero Basso -como juez de ejecución por el Tribunal Oral Federal N°3- subrayó que “el informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense fue llevado a cabo en forma conjunta con el perito de parte propuesto por la defensa de Siseles, sin que haya dejado constancia de ningún tipo de opinión disidente o complementaria”, sostuvo la resolución a la que accedió Ámbito. El juez consideró excepcional la domiciliaria y que la mera invocación a pertenecer a un grupo de riesgo sin haber constatado otras enfermedades que impidan su tratamiento intramuros no es suficiente para que no se cumpla la regla. Se aseguró que, eventualmente, el Servicio Penitenciario Federal abordaría cualquier tratamiento que Siseles precise.

El denominado caso Greco irrumpió cuando este diario -con la investigación del periodista Rubén Rabanal- descubrió que el entonces Ministerio de Economía, en 2007, se disponía a beneficiar a ese holding con $332 millones con la emisión de bonos, contra lo dictaminado por los abogados del Estado. Al ser pagadera con Bonos de Consolidación, se alcanzaría la suma de $587 millones por activos del grupo que había quebrado en los años 70. Para la Justicia, los intervinientes en el proceso administrativo irregular fueron elevados a juicio con condenas inferiores a las de Siseles. Allí también resultaron culpables los exfuncionarios Yolanda Mirta Eggink, Alberto Daniel García y Beatriz Pernas, que se desempeñaban en el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.

El trámite del expediente causó gran impacto en la cartera económica por la compensación a un juicio iniciado en 1996 pero cristalizado primero durante la gestión de Roberto Lavagna y luego de Felisa Miceli que ordenó una investigación luego de que el escándalo saliera a la luz. Casación confirmó las condenas en 2016.