Facsimil del Decreto 1.126 firmado por Fernando De la Rúa en 1997.
Fue publicado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires N° 321 del 11 de noviembre de 1997. Lleva el número 1.126. Se titula "Previo a los actos de desalojo y lanzamiento de inmuebles del patrimonio del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires se deberá dar intervención a la Secretaría de Promoción Social". Y fue firmado por Fernando De la Rúa el 26 de agosto de ese año, cuando era intendente municipal.
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Ese es el decreto que frena el desalojo del Parque Indoamericano, que este martes cumple una semana de ocupación.
La jueza a cargo de la causa por la usurpación del espacio público y titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4, Elena Liberatori, apeló al añejo decreto de De la Rúa para ordenarle a Mauricio Macri que inicie las negociaciones con los ocupas (ver vinculada).
La norma, que también lleva la firma del ex secretario de Acción Social porteño Rafael Kohanoff y del ex secretario de Hacienda de la ciudad Adalberto Rodríguez Giavarini, tiene cinco artículos y frena todo tipo de desalojo de propiedades del Gobierno ocupadas por personas de "bajos ingresos" sin el previo análisis de la situación de los ocupantes.
En su reciente fallo, la jueza Liberatori resolvió que al "tener por cumplido el procedimiento de pacificación" en la zona con una constante "vigilancia de contención" para evitar "episodios de violencia que pongan en riesgo la vida o integridad física de las personas que permanezcan en el predio" ahora resta cumplir "los procedimientos de desocupación pacífica del lugar en base a los mecanismos contemplados en el Decreto 1.126 de 1997".
En su primer apartado el 1.126 ordena la intervención de la Secretaría de Acción Social, hoy convertida en Ministerio, a cargo de María Eugenia Vidal. Dice el decreto: "Previo a los actos de desalojo y lanzamiento de inmuebles que correspondan al patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ocupados por familias y/o grupos de personas de bajos ingresos, deberá dárse intervención con suficiente anticipación a la Secretaría de Promoción Social, a fin de analizar y evaluar la situación social de los ocupantes y coordinar la acción social a desarrollar".
Tendenciosamente, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que como ningún juez o fiscal le imputa el delito de usurpación de espacio público a los ocupantes no es delito. Liberartori no imputa porque el decreto de De la Rua fija los pasos a seguir antes de mandar a los uniformados.
Luego de dar intervención a Desarrollo Social, el artículo 2 establece que ese Ministerio se "abocará a la búsqueda de soluciones autogestivas, cuando el desalojo ocasiona problemas habitacionales para los demandados, y dará intervención a otras áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando las circunstancias lo indiquen". Como mínimo al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) que dirige Omar Abboud, a la estatal Corporación Buenos Aires Sur, al controlador de las finanzas, Néstor Grindetti, y al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain.
El tercero de los artículos sostiene que la Dirección Administración de Bienes y la secretaría de Acción Social deben "establecer los plazos para llevar a cabo las operatorias que corresponden". O sea, determinar cuántos días demorará la resolución del conflicto.
El cuarto y quinto punto del decreto refieren a cuestiones burocráticas como la obligación para los ex secretario Kohanoff y Rodríguez Giavarini de firmar la norma y luego publicarla en el Boletín Oficial y comunicar el acto a otras dependencias.
Con al menos tres muertos, decenas de heridos, miles de personas de acampe y dardos cruzados entre la Casa Rosada y el PRO por el accionar de punteros políticos y barrasbrava armados, los pasos que detalla el decreto 1.126 se cumplen a cuenta gota.
Luego de idas y venidas entre Macri y Fernández por el envío de las fuerzas de seguridad, Gendarmería nacional y Prefectura restringen el acceso al predio de Soldati y tratan de contener a los vecinos incómodos con la toma y a los grupos organizados que por órdenes anónimas gatillaron contra los usurpadores, muchos de ellos de la comunidad boliviana y paraguaya.
Ayer se terminó de censar a los ocupas, aunque no fue la cartera de Vidal la que impulsó esa encuesta. Según el relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el Parque acampan 5.866 personas que con los familiares que están fuera del cerco suman 13.333. De ese total el 95% por ciento vive en villas porteñas, pero sólo 878 están inscriptos en programas sociales de la Ciudad y apenas 47 dijeron tener una alguna propiedad.
Según el decreto de De la Rúa, en las próximas horas Vidal, Abboud, Grindetti, Chain, Macri o cualquier funcionario porteño debería explicar cómo sacarán pacíficamente a los ocupas, en qué tiempo y a cambio de qué.
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