El desprecio al uniforme

Se ofende cualquier conciencia indiferente, hasta las argentinas. Por dos hechos que Néstor Kirchner produjo en un mismo día y a un mismo sector: deslizó la imputación de que los militares podrían ser responsables por la desaparición de Julio López y, al mismo tiempo, hizo vetar ascensos y continuidad de oficiales superiores (unos 14 sólo en el Ejército) por la simple razón de que son hijos de ex jefes que participaron en gobiernos de facto en el pasado. Impuso, como en los tiempos bíblicos, la ley de sangre: demasiada arbitrariedad para el sueño democrático.

Desde que se desconoce el paradero del testigo López (en la causa del ex comisario Etchecolatz), hace ya tres meses, el Presidente casi nunca se refirió al tema en público (inclusive, hasta viró, primero al oponerse a que lo trataran como «desaparecido» -lo recriminó a Felipe Solá por la utilización del término- y luego él mismo asumió esa definición). Sí habló en la última jura y ceremonia de los cadetes militares, con un cargo suplicante: «Hagan aparecer con vida a López». Sin referirse a nadie ni añadir ninguna prueba o fundamento, dejando en el aire la sospecha de que algún grupo de tareas castrense se hizo cargo de pasar a la oscuridad a López. Como si él no fuera el jefe de esos militares. Cuando, se sabe, es del Estado la responsabilidad por la ignota suerte del testigo y, cuando menos, resulta irritante ese traslado de culpas a una multitud de imberbes recién recibidos, incapaces de contestar, y otros adultos uniformados que han hecho del silencio debido una profesión. Como se sabe, en el sector público, se tolera cualquier humillación por aguardar un retiro remunerado. Sin entrar en el «detalle» de que a los militares les está vedado entrometerse en cuestiones de seguridad interior, sería mejor bienvenido el mismo ruego del Presidente a la Policía que él también comanda.

Aplicó un recurso ya advertido en el comienzo de su gestión, cuando en un programa de TV con Mirtha Legrand, Kirchner estiró su dedito a la cámara y le advirtió a un banquero privado (nunca dio el nombre, aunque todos sabían a quién se dirigía) que lo estaba observando, que lo tenía en su mira, que no le iba a ser tan fácil la vida como hasta ese momento. Poco importa si, luego, ese banquero se convirtió de sospechoso a un hombre de su cercanía, casi un hermano de leche: algo habrá hecho para merecer el cambio. Pero el episodio, intimidante, sin reconocer fundamento, a la distancia resulta nimio frente a lo que enunció en su encuentro con los cadetes: hay una vida en juego y, en lugar de señalar a una persona, le pasa a una institución la posible responsabilidad por el desaparecido (recordar que se hicieron distintas excavaciones en los cuarteles en busca de López). Las prácticas políticas, cuando se exceden, no disfrutan de finales felices: Raúl Alfonsín, cuando por salir de un aprieto, acusó a varios ciudadanos por una presunta «desestabilización», exageró hasta denunciarlos por trata de blancas y tráfico de estupefacientes. Un disparate que luego debió pagar el Estado.

No es lo mismo, claro. Tampoco el otro episodio que involucra a Kirchner como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quien dispuso -bajo la aparente insinuación de que son activistas por sus familiares-del pase a retiro de distintos oficiales que han cometido el pecado de portar el apellido de su padre, ominoso en apariencia por haber servido en gobiernos de facto del pasado.

Sea en tiempos de Juan Carlos Onganía o de la Junta Militar, acusados algunos por violaciones a los derechos humanos y otros sin ningún cargo de esa repudiable dimensión. Más allá del amor paternal, uno no puede achacarles a los hijos posibles fallas de sus padres, sería como interpretar al Presidente por la vida de su progenitor. O aplicar la misma lógica sobre su hijo, ahora o en el incierto futuro. Inclusive, cuando muchos de ellos han sido reconocidos por sus aptitudes, figuraban en lugares expectantes para ascensos no como parte de una conspiración sino como epílogo de distintas calificaciones. Entonces, parece un rasgo de grave discriminación -¿se ocuparán de esta cuestión los organismos ad hoc?- esta limpieza étnica sobre «los hijos de», más de tribu que de sociedad desarrollada, una afrenta a la carrera militar por lo menos. Y si es desconsiderada, caprichosa la decisión, aun para habituales indiferentes de este país, cierto bochorno inunda cuando se sabe que nadie, de los militares, ha honrado a sus compañeros, a su propia dignidad por haber sido insultado. Ninguno, joven o adulto, renunció por aprecio a su uniforme ni a su persona, se escudan -dicen con escasa feen no vaciar las Fuerzas Armadas para que sean ocupadas por comandantes tipo Quieto, Mendizábal, Firmenich, Arrostito, cuando la presunta ejecutora de esas determinaciones -la ministra Nilda Garré- apenas se interesa para ubicar a un amigo que conoció en Caracas, un agregado militar que la acompañó como embajadora, a quien las calificaciones ubicaron último y ahora figurará primero.

También es hora de terminar con el marxismo indigente que se le atribuye a cierto peronismo, el que todavía se disimula en la defensa de los derechos humanos como una actitud exclusiva de la izquierda y gobierna con los principios provinciales del conservadorismo.