El fiscal de la causa AMIA acusa a la Presidente y a Timerman de encubrir la participación de Irán en el atentado

En una extensa presentación, a la que tuvo acceso ámbito.com, el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, acusó a la Presidente Cristina de Kirchner, a miembros de su gabinete, y otros dirigentes, de negociar impunidad con el gobierno de Irán por el atentado a la mutual judía a cambio de "acercase geopolíticamente" e "intercambiar petróleo por granos y hasta venderle armas". Además, pidió su indagatoria

"El plan destinado a favorecer ilegalmente y desvincular en forma definitiva y fraudulenta a los sospechosos iraníes por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA comenzó dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento, inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner, involucró a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó negociaciones directas con unos de los principales acusados por el atentado, Mohsen Rabbani, quien era informado y consultado constantemente, y evaluaba todo lo relacionado con el plan", afirma el texto.

Y continúa: "Mientras el Poder Ejecutivo hablaba de justicia y verdad, en los hechos había acordado impunidad. Buscaba acercase geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo por granos y hasta venderle armas. Para ello, el canciller Timerman celebró acuerdos secretos con Teherán, que luego fueron reconocidos públicamente por el ex canciller iraní Salehi, y se comprometió a dar de baja las notificaciones rojas de los terroristas iraníes prófugos, circunstancia que no pudo cumplir por la firme negativa de Interpol. Además, se descubrió que la maniobra criminal incluyó el armado de una pista falsa, basada en pruebas fraguadas, para desviar la investigación judicial hacia culpables inventados y así liberar de su responsabilidad a los acusados iraníes".

En una muy dura y grave denuncia de casi 300 páginas, el fiscal acusó y pidió la declaración indagatoria y un embargo preventivo de bienes por la suma de $ 200 millones de la Presidente, el canciller, del diputado Andrés "Cuervo" Larroque, de personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, de los dirigentes Luis D'Elía y Fernando Esteche, del ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y del referente comunitario iraní, Jorge "Yussuf" Khalil, por ser "autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados iraníes por el atentado".

El ataque a la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994, dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Está calificado judicialmente como crimen de lesa humanidad y genocidio. La acusación abarca otros delitos conexos, como estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La Justicia argentina solicitó la captura nacional e internacional del expresidente iraní Ali Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani, del exministro de Relaciones Exteriores, Alí Akbar Velayati; del exministro de Inteligencia, Ali Fallahijan, del exjefe de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai, del exjefe de las Fuerzas Quds y exministro de Defensa, Ahmad Vahidi, del exagregado Cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, del Tercer Secretario de la Embajada, Ahmad Reza Asghari y del exembajador de la República de Irán en nuestro país, Hadi Soleimpanpour. Sobre ellos pesan las circulares rojas de Interpol.

Según las evidencias presentadas por el fiscal Nisman se "demuestra que el plan dirigido a borrar a Irán del caso AMIA, desincriminando a los exfuncionarios iraníes acusados, tuvo su origen en la previa decisión de la Sra. Presidente de acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de estado a estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de 'petróleo por granos'. Este acercamiento, que en sí mismo nada tiene de ilegal y está fuera de cuestionamiento, fue considerado inviable mientras subsistiera la acusación efectuada por la justicia argentina en la causa AMIA contra los ex jerarcas del régimen iraní. Entonces, para despejar el obstáculo, y he aquí lo delictivo, la Sra. Presidente ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar "la inocencia de Irán".

"Las pruebas colectadas permitieron afirmar, sin margen de duda, que -al menos, para llevar adelante este plan delictivo- el gobierno puso en marcha un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán a fin de transmitir e instrumentar las ordenes emitidas por la Presidente y, de ese modo, alcanzar los objetivos ilícitos. Este canal clandestino, que operó como una diplomacia paralela, estuvo integrado por funcionarios, ex funcionarios y otros sujetos, que ninguna vinculación guardaban con la función diplomática, pero que estaban estrechamente ligados al centro del poder de donde emanan las decisiones más trascendentales de la política argentina", añade. Y continúa: "La calidad delictiva del encubrimiento necesitó contar con estos canales paralelos, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con la impunidad de los acusados iraníes. La actividad de estos canales configuró, sin más, una diplomacia paralela de facto, que desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal, por expresas directivas y órdenes de la Sra. Presidente".

Asimismo, Nisman sostiene que el gobierno "instaló y se valió de una diplomacia paraestatal, integrada -cuanto menos- por personal de la Secretaría de Inteligencia, por el Diputado Nacional Andrés Larroque, por los dirigentes Luis D'Elía y Fernando Esteche y por el referente comunitario y nexo local del régimen iraní, Jorge "Yussuf" Khalil". "Estos canales paraestatales transmitieron continuamente mensajes que partían de Cristina Fernández, pasaban por Andrés Larroque y/o por personal de la Secretaría de Inteligencia, luego por Luis D´Elía, para llegar inmediatamente a Jorge "Yussuf" Khalil, y de allí eran enviados a las autoridades persas, tanto al Encargado de Negocios en Buenos Aires como a altos funcionarios de Teherán. Y cada paso del plan, cada mensaje presidencial y cada avance, fue consultado y comunicado detallada y minuciosamente al prófugo Mohsen Rabbani, ex Agregado Cultural de la Embajada de Irán en Argentina para la época del atentado y cuyo poder decisorio, tanto en la comunidad iraní local como dentro del régimen, se ha mantenido incólumne hasta la fecha. Es decir, más allá de los intermediarios puestos por ambos estados, los encargados que idearon y llevaron adelante este plan criminal, terminaron acordando sus ilícitos objetivos no solo con el estado que protege al terrorismo sino con el principal acusado terrorista, Mohsen Rabbani".

Para el fiscal, Cristina negoció con Mohsen Rabbani, quien según Nisman además de estar al tanto de las tratativas las evaluaba, "la compra de petróleo, la venta de granos y la mismísima impunidad". 

Y sostiene que en la "maniobra criminal", personal de Inteligencia "manipuló pruebas, personas y participó activamente en la fabricación de la hipótesis falsa para desviar ilegalmente el curso de la causa judicial, desincriminar a los acusados iraníes y -al mismo tiempo- acusar falsamente a terceros inocentes, atribuyéndoles con pruebas fraguadas la responsabilidad por el atentado". 

"A pesar de lo manifiestamente ilegal de estas acciones, el personal implicado jamás se preocupó por ocultar su identidad y/o su proceder, lo que demostró que estaba actuando por orden presidencial. Este personal proveyó información secreta y reservada a agentes iraníes, y siguiendo las directivas presidenciales, abrió las puertas de las estructuras del estado para que los representantes locales de Teherán pudieran utilizar resortes y contactos en su favor. La prueba reunida reveló que, producto de las negociaciones entabladas secretamente y de esta alianza forjada sobre 85 muertes que se decidió quedaran impunes, se comenzó a dar una relación de apoyo y protección del gobierno a los referentes del régimen iraní en Argentina", sostiene.

Nisman consideró que en el Gobierno evaluaron que existía "otra situación mundial", por lo que decidieron acusar a una "conexión de fachos locales u a otros responsables inventados, solo para reemplazar a los imputados iraníes" quienes "se encuentran seriamente comprometidos por las pruebas judiciales". 

"Antes de que el Memorando de Entendimiento estuviera firmado, ya se había acordado de qué manera la República Argentina desinvolucraría a los acusados iraníes y garantizaría su impunidad. Alguien iba a salir con la cara manchada y no era precisamente Irán. Esta hipótesis fraudulenta se articuló a través de la ya descripta diplomacia paralela conformada por canales clandestinos de comunicación y negociación entre las autoridades argentinas e iraníes", sostuvo el funcionario judicial.

El inicio de operación, de la cual el fiscal dice tener escuchas que la prueban, se dio durante la reunión secreta mantenida en enero de 2011 entre los cancilleres de Irán y Argentina en la ciudad siria de Alepo, ocasión en la que el Ministro Timerman transmitió a Irán - en la persona del Canciller Salehi -la decisión del gobierno argentino de abandonar el reclamo de justicia en la causa AMIA". Y afirma que pudo darse, en parte, debido a la muerte de Néstor Kirchner, quien se oponía a la impunidad.

"Cuando la impunidad había sido decidida, cuando la pista falsa ya estaba siendo elaborada, cuando la diplomacia paralela estaba operando plenamente, recién ahí, en enero de 2013, se firmó el Memorando de Entendimiento, uno de los medios elegidos para instrumentar el plan criminal. Este memorando fue ideado para brindar impunidad a los acusados iraníes y no, como falsa y continuamente lo afirmaron la Presidente y su Canciller, para favorecer la cooperación judicial en la causa AMIA. Hoy se sabe, por la prueba obtenida y aportada también por funcionarios del Estado argentino, que dicho Memorando de Entendimiento no fue, en realidad, el inicio sino la culminación de una maniobra criminal que ya llevaba más de dos años de ejecución. Este instrumento fue apenas una parte de un plan mucho más amplio y complejo para liberar a los acusados y fabricar la inocencia de Irán", remata.