El gobernador de Salta acusó al Gobierno de ceder al lobby del "Señor Tabaco"

El capítulo tabacalero de la Ley Bases proponía que todas las empresas del sector pagaran los mismos impuestos. Sin embargo, esa medida fue finalmente omitida, lo que beneficia a una empresa en particular.

Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí

Dentro del nuevo proyecto de Ley Bases, el capítulo tabacalero despertó una fuerte polémica y puso bajo un foco de atención a un empresario de sector y al gobierno de Javier Milei, sobre quién parece haber cedido al lobby de su compañía.

El capítulo tabacalero proponía que todas las empresas del sector pagaran los mismos impuestos. Sin embargo, esa medida fue finalmente omitida en la nueva versión que llegó al Congreso, en un claro beneficio para grandes jugadores del sector.

Para el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, la decisión del Gobierno de no incluir esa modificación es "una vergüenza" que responde al lobby del "Señor Tabaco", en referencia a Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que paga menos que sus competidores ya que tiene en la Justicia un amparo contra el impuesto mínimo al cigarrillo.

Sáenz criticó esta omisión y expresó su desconcierto, desorientación y desilusión, afirmando que la empresa favorecida "se autopercibe como pyme pero factura más de 800 millones de dólares; se dice nacional pero no compra un solo kilo de tabaco argentino porque todo lo importa desde Brasil, y desde 2018 no paga los impuestos, por artilugios legales o por lo que sea, y le debe al fisco más de 2000 millones de dólares".

El gobernador destacó el impacto negativo de esta medida en las economías regionales y en las personas que dependen del sector tabacalero, y solicitó al presidente Javier Milei que reintroduzca el artículo en el proyecto para que los legisladores queden evidenciados en el Congreso.

Además, Sáenz reveló que recibió presiones para no hablar del tema, pero afirmó que no tiene miedo y que continuará con el reclamo. Afirmó que la Justicia debería intervenir para investigar esta situación irregular, injusta e incluso ilícita.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que se presentará un proyecto posteriormente para abordar este tema y poner fin a los lobbies que perjudican al país. Sin embargo, Sáenz expresó su escepticismo al respecto y manifestó su preocupación por la credibilidad de la política ante estas situaciones privilegiadas que afectan a los argentinos.