El gobierno insiste en que elecciones no se adelantan

El gobierno insistió ayer en que en sus planes no figura un adelantamiento de las elecciones. Por boca del jefe de Gabinete y del ministro político, insistió en la vaga y voluntarista expresión de que un eventual cambio en la fecha de votación de un nuevo presidente puede darse después de un acuerdo de asistencia con el Fondo Monetario Internacional y de que se perciban en la sociedad los primeros indicios de una reactivación.

Jorge Matzkin, ministro del Interior, le entregó ayer las responsabilidades sobre el armado del plan político de salida de Eduardo Duhalde del gobierno a su antecesor Rodolfo Gabrielli. El ex gobernador de Mendoza estuvo ayer con el Presidente, quien firmó delante de él y de José Pampuro el decreto de designación como vicepresidente del Banco Nación y asesor político de la Presidencia para desarrollar un plan electoral y un acuerdo sustentable con el peronismo.

Matzkin desmintió igual la existencia de «cronograma anticipado o distinto» del ya establecido. Ese programa de Duhalde fijó las elecciones presidenciales para setiembre del año próximo.

El ex diputado por La Pampa sostuvo que, antes que un eventual adelantamiento de los comicios, «hay otras prioridades, como llegar a un acuerdo con el FMI e intensificar el alcance de los planes sociales».

Es curioso cómo la debilidad del gobierno lo ha obligado a adoptar el léxico sobre las fechas electorales que en otras épocas estaba reservado a los gobiernos militares, que se mezclaban, cuando declinaban, en discusiones sobre las fechas y la oportunidad de las elecciones.

•Complaciente

Con estos pronunciamientos, en realidad el gobierno -como muchos opinadores sobre la materia-intenta complacer a las encuestas que reclaman elecciones como un castigo a la mala administración, tratando de encontrar en fórmulas del marketing electoral la solución a problemas de fondo.

Lo prueba que Matzkin condicionase también las elecciones a que antes se modifique de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para hacer elecciones internas abiertas y simultáneas en todo el país.

Para eso el oficialismo debería lograr que la Cámara de Diputados sancione un proyecto ya aprobado por el Senado, que instaura ese sistema de internas abiertas, aunque no simultáneas. Para que fueran todas en la misma fecha, debería confeccionarse un padrón nacional de afiliados y otro de independientes cuya elaboración la nueva ley le ordena a la Justicia. Ese solo trámite tiene tiempos y costos que llevarían casi un año de preparación, a menos que se use el viejo padrón nacional unificado con que se ha venido votando hasta ahora.

Alfredo Atanasof, por su lado, insistió en que hay «prioridades que son condiciones para un eventual avance de procesos electorales. En primer lugar, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales de crédito», según explicó en una rueda de prensa.

El jefe de Gabinete argumentó que después de un entendimiento con el FMI «este gobierno tiene un objetivo claro y explícito, que es garantizar la paz social y comenzar el proceso de recuperación de la economía» y señaló que recién «con estas cuestiones en la mano, se puede empezar a hablar de elecciones». Casi una copia de la vieja fórmula que usó en los años '60 el régimen militar de Juan Carlos Onganía de hablar de los tres tiempos de su administración: tiempo económico, tiempo social y tiempo político. Nunca le llegó este último y debió irse en la fronda del Cordobazo.

El tema electoral pareció dominar la agenda de los funcionarios. Atanasof discutió con los jueces y camaristas federales con competencia electoral el eventual veto a la ley de financiamiento de los partidos para devolverle a la Justicia el control del gasto. Entre hoy y mañana se conocerá esa observación a la ley votada por el Congreso, que transfería esos controles a la Auditoría General de la Nación, un ente que depende de los legisladores y que maneja la oposición radical.

«El gobierno debe gobernar, y entiendo que quienes no tienen otras responsabilidades pueden hablar de elecciones, pueden dedicarse a la política, especular acerca de distintas posibilidades y escenarios», se enojó Atanasof cuando le insistieron en precisiones sobre la fecha de los comicios.

Se olvidó de un recurso dialéctico infalible para este debate: según la actual Constitución, las presidenciales deben hacerse dentro de los 90 días anteriores a la asunción del nuevo presidente que, salvo un cataclismo, debe hacerse el próximo 10 de diciembre.

•Proscripción

El gobierno no insiste en este artículo porque juguetea con las fechas electorales para decidir la interna del duhaldismo con el menemismo. Si hubiera elecciones adelantadas -como consiente en discutir el gobierno para negarlo cuando le reclaman una fecha de salida-, deberían hacerse para completar el mandato de Fernando de la Rúa (4 años). En esa eventualidad, Carlos Menem -que insistió ayer en Washington en que Duhalde debe irse recién el 10 de diciembre de 2003- estaría proscripto para presentarse a los comicios.

Si, como se espera, se llamase para un período completo de 4 años, Menem sostiene que podría ser candidato porque significaría que se declaró terminado el mandato de De la Rúa. Pero, como la Constitución define un mandato como un período de 4 años, el riojano podría ser prenda de una pelea judicial para aclarar si está en condiciones de ser candidato o no. En ese caso, creen los anti-menemistas que el ex presidente no resistiría esa batalla airoso en la opinión pública.