El Gobierno porteño presentó esta tarde una denuncia penal contra el Ejecutivo nacional por presunto "boicot" contra la Policía Metropolitana, en el marco del caso del espía Ciro James.
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Fuentes de la Procuración General de la Ciudad informaron que la denuncia fue presentada en el juzgado número 3, a cargo de Daniel Rafecas.
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, había asegurado días atrás que el ex policía federal James, acusado de intervenir teléfonos de manera ilegal, fue infiltrado en el Ejecutivo de la Ciudad por la administración nacional para complicar el lanzamiento de la Policía Metropolitana.
Más temprano, el juez federal Norberto Oyarbide afirmó que la denuncia del jefe de Gobierno porteño "no va a entorpecer" la investigación sobre las escuchas telefónicas realizadas por el espía Ciro James, quien ayer fue procesado.
"La investigación no se va a entorpecer en absoluto", sostuvo el magistrado ante la prensa al salir de su domicilio, en referencia presentación que realizó horas más tarde el Gobierno de la Ciudad por supuestas maniobras en contra de la Policía Metropolitana.
En ese marco, el juez que investiga el escándalo de las escuchas se pronunció a favor de "ser prudentes en todo momento y a aguardar los resultados de la investigación" que se inicie en caso que la administración macrista se presente a la Justicia.
Anoche, Oyarbide procesó a James con prisión preventiva, por los delitos de falsificación ideológica en concurso real en la causa que investiga las escuchas telefónicas al dirigente de Familiares de Víctimas de la Amia, Sergio Burstein, y al empresario Carlos Ávila, y por el delito de usurpación de títulos y honores.
El procesamiento alcanzó también a los policías de Misiones, Raúl Rojas y Diego Guarda, quienes fueron dejados en libertad, y queda por resolver la situación del comisario detenido Rubén Quintana.
En tanto, consultado sobre una eventual citación de funcionarios del gobierno porteño, el juez federal manifestó que aunque "no está previsto", podrá hacerlo "si corresponde".
Aclaró que entre las víctimas que surgen de la pesquisa, además de Burstein y Ávila, está la SIDE porque "el Estado ha pagado para que se hicieran las escuchas que no tienen fundamento".
Además, aclaró que el fallo de ayer "es transitorio" y que "está sujeto a las apelaciones que se vayan a interponer".
La resolución, explicó Oyarbide, "recoge un reconocimiento especial a la incursión en la vida privada de Burstein y Ávila, al ser interceptados sus teléfonos de modo indebido y sin causa legal que lo justifique".
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