Puerto Esperanza (enviado especial) --La implantación de Alto Paraná (APSA), que según la misma firma invirtió u$s 800 millones cuando la sociedad anónima chilena Arauco la adquirió en 1996, multiplicó las expectativas hace una década en los departamentos misioneros de Eldorado e Iguazú. Desde entonces, APSA pasó a controlar unas 200.000 hectáreas, cerca de 10% de la totalidad del territorio misionero.
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La existencia de una industria con 400 empleados directos y varias veces más de contratados o trabajadores indirectos cambió la estructura económica de la región. La firma (que en Chile tiene 632.000 hectáreas) produce diariamente 1.050 toneladas de pasta de celulosa, y cerca de 80% de un volumen anual de 370.000 toneladas (a u$s 600 la tonelada) tiene destino de exportación. Ese monto representa cerca de un cuarto de lo que se estima producirán las plantas por instalarse en Uruguay. La actividad de APSA le deja al municipio de Puerto Esperanza 100.000 pesos mensuales en concepto de impuestos, según Pedro Damián Medera, presidente del Concejo Deliberante local.
La crisis del precio de la yerba mate a mediados de los '90 coincidió con la avanzada forestal de APSA, cierto mejoramiento en los servicios de las ciudades y el aumento de la inseguridad rural. Fue así que los colonos (como se llama aquí a la masiva migración de origen alemán, suizo, yugoslavo y ucraniano, de características únicas en el país) se fueron deslizando en algún grado desde las chacras (en general pequeñas y medianas) a la ciudad. Muchos plantaron pinos para venderlos luego a APSA o a aserraderos, y otros directamente vendieron su chacra a empresas grandes (APSA incluida). Hay localidades, como Puerto Esperanza o Puerto Libertad, en las que ya no quedan hectáreas que no estén ocupadas por el pino.
La realidad de hoy es que sobre 20.000 habitantes que tiene Esperanza, 6.000 personas se alimentan en la cocina comunitaria. En contraste con Eldorado (que no tiene papelera), sobre 70.000 habitantes, son 8.000 los alimentados en comedores comunitarios. Sergio Delapierre, de la cooperativa agrícola de Eldorado, enarbola el reclamo de pequeños y medianos productores: «APSA cumplió una función importante. Pero queremos que el Estado dirija inversiones como se hace en Europa. El daño ya está hecho, pero que se le ponga un límite a la expansión».
Por su parte, Eduardo Stirnemann, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, matiza: «Lo que se debe hacer es favorecer la diversificación, dejar fajas ecológicas sobre los arroyos y conectores para la fauna, y controlar la concentración de las tierras que genera la utilización de grandes maquinarias».
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