El juez Bonadio pidió el desafuero y la detención de Cristina de Kirchner

Cristina de Kirchner.

En una batería de órdenes judiciales, el juez Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva, previo desafuero como senadora, de la expresidenta Cristina de Kirchner, en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento a Irán por el atentado a la AMIA, que fue denunciado por el exfiscal Alberto Nisman antes de su muerte.

En el marco de la misma causa fueron detenidos hoy el ex secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, el dirigente Luis D' Elía, el referente de la comunidad islámica en Argentina, Jorge "Yussuf" Khalil, y el exlíder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche. Asimismo, Bonadio dictó la prisión preventiva para el excanciller Héctor Timerman, quien fue beneficiado con prisión domiciliaria por cuestiones de salud, y dictó el procesamiento sin prisión preventiva al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, al diputado Andrés Larroque, y a la ex Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y les prohibió salir del país.

Por otro lado, el juez dictó falta de mérito al exsecretario privado de Timerman Luciano Tanto Clement y su asistente Alberto Mercado, al igual que del embajador Alberto D´Alotto y de la exfuncionaria de Cancillería Susana Ruiz Cerutti. 

Para argumentar el pedido de desafuero y detención de Cristina de Kirchner, el juez consideró que debido a sus contactos "puede entorpecer la causa" y porque tiene otras causas y procesamientos en trámite.

Cristina de Kirchner cuenta en la actualidad con inmunidad parlamentaria tras ser electa como senadora en las pasadas elecciones de octubre. Ahora, el pedido de desafuero, deberá ser analizado por la Cámara alta que deberá ser avalado por dos tercios de los presentes en el recinto.

Para el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, el memorando firmado entre la Argentina e Irán fue parte de un plan criminal destinado a dotar de impunidad a los acusados del atentado a la sede de la AMIA, ocurrido en 1994, en el que murieron 85 personas.

Cuatro días antes de aparecer muerto en el departamento que ocupaba en una torre de Puerto Madero, Nisman denunció a Cristina de Kirchner y al resto de los implicados y los acusó de "traición a la patria". Para el extitular de la UFI AMIA, el memorando fue el medio elegido para concretar el plan de encubrimiento y dejar sin efecto las aletas rojas de Interpol para la captura de los sospechosos de la voladura. Ese documento se firmó el 27 de enero de 2013 en Etiopía y luego fue refrendado por el Congreso, aunque nunca entró en vigencia.

El acuerdo disponía la creación de la Comisión de la Verdad, el intercambio de información, y abrir la posibilidad de que los acusados por el atentado presten declaración ante el propio Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral.

Tras realizar su denuncia, y horas antes de presentarse ante el Congreso para ampliar su acusación, Nisman pareció muerto dentro del baño del departamento B del piso 13 de la torre Boulevard, en el complejo Le Parc de Puerto Madero, con un disparo en su cabeza. Las circunstancias de su muerte aún no fueron esclarecidas.

En octubre, tras su última declaración en Comodoro Py, apuntó contra el Gobierno y denunció una campaña de persecución política en contra de la oposición. "Quieren un Parlamento sumiso, quieren que voten los que ellos quieren. Pero conmigo no lo van a lograr", dijo la exmandataria al salir ese día de los tribunales de Comodoro Py.

La denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA había sido desestimada por la Justicia federal durante la gestión de Cristina de Kirchner pero luego reactivada durante la gestión de Mauricio Macri.

En su fallo, Bonadio impuso también embargos de 50 millones de pesos a Timerman, Zannini, y Eduardo Zuain; y unos 35 millones a Oscar Parrilli, Larroque; Khalil, D Elia, Esteche, el espía Allan Bogado, y la exprocuradora Angelina Abona.

La denuncia se originó el 14 de enero de 2015 por parte del fallecido fiscal Nisman.
En dos ocasiones fue rechazada por el juez Daniel Rafecas, quien consideró que no existía ningún delito que investigar.

Luego, ese magistrado fue apartado por la Cámara de Casación y el expediente pasó a manos del juez federal Ariel Lijo.

Finalmente, por conexidad con otra causa que tenía Bonadio por "traición a la patria" finalmente quedó en el juzgado de este último.

"Se puede concluir que todos los interrogantes planteados en relación al Memorando suscripto con la República Islámica de Irán, sumado a que sus términos favorecen a dicha nación, me permite sostener que su redacción formó parte de un acuerdo entre los gobiernos para normalizar las relaciones entre los Estados y garantizar la impunidad de los ciudadanos iraníes sindicados por la justicia argentina como los responsables del atentado, como así también cambiar el eje de la investigación de la causa AMIA", sostuvo Bonadio en su fallo.

El juez consideró que los imputados "utilizaron diferentes órganos del Estado", incluido el Congreso Nacional, para "aparentar la legalidad del memorando".