El PJ agrega plan político al documento de 14 puntos

• CRONOGRAMA ELECTORAL: buena parte de los gobernadores, la mayoría de los senadores peronistas y muchos diputados le plantearán a Eduardo Duhalde que fije una fecha para adelantar las elecciones presidenciales. Nuevamente este crucial tema ocupa el centro de la escena. Se habla, en principio, de setiembre de este año. En el oficialismo, gana espacio la idea de que Duhalde, con menos de 120 días de gestión, está consumiendo rápidamente su capital político (todo el mundo quedó azorado allí por la crisis que dejó a Jorge Remes Lenicov fuera del gabinete nacional) y puede poner en riesgo la «marca» PJ. • PIDEN LEY DE LEMAS: además de una fecha para el cambio de gobierno, los peronistas comienzan a inclinarse por la ley de lemas para elegir al próximo presidente. Creen que no habrá tiempo ni tranquilidad para hacer una interna y que tampoco serviría elegir candidato mediante el congreso partidario, ya que «Adolfo Rodríguez Saá y Néstor Kirchner irían por afuera». Si ocurriera ese desgranamiento, mejorarían las posibilidades de la oposición al justicialismo, que gobernadores y legisladores identifican y concentran en la figura de Elisa Carrió. Para conseguir la ley de lemas se requieren los dos tercios de las cámaras de Diputados y Senadores y esto exigiría un pacto con el radicalismo. Se le ofrecería la jefatura de Gabinete de la futura administración para conseguir este apoyo considerado clave para impulsar la ley de lemas en una próxima elección. • HABRA PLAN BONEX: los gobernadores y los legisladores le pedirán a Eduardo Duhalde que emita un decreto de necesidad y urgencia para insistir y establecer definitivamente el plan BONEX. Quieren que el mayor esfuerzo político lo haga el Poder Ejecutivo. Y le exigen al Presidente también, para convalidar el decreto en el Congreso, que los bonos que se entreguen a los ahorristas a cambio de los depósitos reprogramados puedan ser utilizados para cancelar deudas bancarias. Tiene esto un fin primordial: evitar que en los primeros días de cotización, los nuevos papeles tengan un muy bajo precio y que se perjudiquen los ahorristas que necesiten venderlos sí o sí por motivos de urgencia. La posibilidad de usar los bonos para el pago de deudas bancarias le da un atractivo que, en parte, serviría para mejorar sus precios de inicio. Los legisladores pretenden, además, que se levante el «corralito» para los depósitos de menos de $ 5.000. • FONDOS SOCIALES FEDERALIZADOS: los gobernadores del PJ temen que un eventual acuerdo con el Fondo le provea a Duhalde una suma importante para hacer asistencia social y consolidarse políticamente como candidato o como padrino de un candidato propio. Quieren neutralizar esa posibilidad exigiéndole al gobierno nacional que los fondos destinados a beneficencia sean distribuidos por provincias equitativamente.

• La primera de ellas tiene que ver con una cuestión inmediata y compleja, el levantamiento del «corralito». En la cumbre que se realizará en Olivos este fin de semana se le informará a Duhalde que debe volver al plan BONEX, pero que esta vez habrá que establecerlo mediante un decreto de necesidad y urgencia. El Congreso, le explicarán los líderes del PJ, aprobará ese instrumento pero quiere que el costo político por lo que los ahorristas entenderán como una confiscación lo pague el Poder Ejecutivo. El decreto -siguen las condiciones- tendría que establecer también que con los bonos que se entreguen a los ahorristas se podrán cancelar deudas bancarias. Esta idea fue, en un principio, fuertemente resistida por los bancos pero las posiciones se acercaron en las últimas horas, sobre todo cuando comenzó a advertirse que la solución del bono se alejaba irremediablemente del Parlamento. La primera vez que se sostuvo esta alternativa fue durante la reunión que los legisladores mantuvieron con Jorge Todesca, el lunes, en el despacho de Eduardo Camaño, cuando se negociaba sacar el bono por ley. En ese momento, la expuso la diputada Graciela Camaño.

En relación con el «corralito», los diputados -inspirados por Jorge Matzkin- fijarán otra condición a Duhalde: que lo levante definitivamente para los depósitos de hasta $ 5.000. Es un gesto político, dirigido a los sectores más vulnerables y, también, implica un punto de comparación capciosa con los jueces que obligan a entregar depósitos por sumas cuantiosas.

• La segunda cláusula del plan político que los peronistas sugerirán a Duhalde es la más delicada. Le reclamarán que llame a elecciones anticipadas. Este requerimiento es la consecuencia inmediata de la falta de reflejos y de pericia que los principales dirigentes del PJ advirtieron en el Presidente durante el manejo de la crisis de esta semana, durante la cual quedó dinamitado el gabinete nacional sin que existan causas graves que lo justifiquen. La hipótesis de un final anticipado para el gobierno de Duhalde comenzó a analizarse abiertamente ayer en una reunión de senadores de la que participaron Ramón Puerta, Jorge Yoma, Carlos Verna, Oscar Lamberto y Jorge Busti. Ninguno de ellos puede ser tildado de antiduhaldista y en el caso de Lamberto y Busti habría que pensar en alguna cercanía con el Presidente (el primero acaba de dejar la Secretaría de Hacienda y de rechazar la Jefatura de Gabinete y el segundo es el dirigente del interior que más afinidad mostró siempre con el esquema de poder establecido en la Rosada, a pesar de la distancia que le impuso el sostenimiento del gobierno de Sergio Montiel enEntre Ríos). Otro senador cercano a Duhalde, como Luis Barrionuevo, planteó en voz alta, abiertamente, la necesidad de abreviar los plazos de la administración actual. La mayor parte del peronismo cree que el acuerdo con el Fondo podría ser el mejor escenario para hablar de una salida ordenada del poder, que tendría que presentarse como el fin de una transición que restableció alguna forma de orden en la sociedad. No es algo que esté muy lejos de algunas meditacionesde Duhalde. El Presidente le expuso una intención parecida a Mauricio Macri la última vez que comieron en Olivos y también se lo comentó al banquero Emilio Cárdenas en una reunión reciente. En ambos casos, habló de irse a casa en diciembre. Los senadores, igual que muchos diputados, hablan de elecciones en setiembre. Parecen coincidir con Duhalde. Entre los gobernadores se extiende también la misma noción que registra adhesiones menos enfáticas entre quienes cultivan algún sueño presidencial: creen que no es el mejor momento para probar fortuna delante del público y, menos aún, para sentarse en la butaca del piloto. Una opinión distinta de la que, muy discretamente, vierte el embajador de Estados Unidos, James Walsh, generando alguna inquietud en la Cancillería.

• La tercera premisa del programa político que le sugerirán al gobierno los principales caudillos del PJ tiene que ver con el punto anterior: que las elecciones presidenciales se realicen por medio de la ley de lemas. La motivación central para adoptar ese sistema es la dificultad que encuentra hoy el peronismo para librar una interna. Primero, por la urgencia de los plazos y las dificultades del ambiente político (escraches, cacerolazos, bajo poder de financiación, etcétera). Segundo, por la amenaza de Adolfo Rodríguez Saá y de Néstor Kirchner, que podrían abandonar el partido si se los obliga a medir fuerzas en una elección doméstica, aunque sea la de un congreso del peronismo (órgano de composición controvertida que conduce Carlos Reutemann).

• La ley de lemas, suponen los principales hombres del oficialismo, le permitiría al PJ retener a esos dos candidatos-gobernadores. De lo contrario, se le daría una ventaja importante a quien se plantee como opositor, presumiblemente Elisa Carrió: «Los votos de Adolfo o de Kirchner los perderá el peronismo y eso mejora las chances del ARI», razonó uno de los gobernadores que estará mañana con Duhalde.

La ley de lemas plantea un inconveniente muy difícil de superar: requiere de una mayoría especial, imposible de alcanzar si no se consigue la adhesión de la UCR. ¿Qué temen más los radicales? ¿El ascenso de otro gobierno peronista o el triunfo de Carrió? En el PJ todos contestan que lo primero y que, por lo tanto, cooperarán con sus votos en el Congreso aunque sea abjurando de una de sus principales convicciones.A cambio, el oficialismo imagina ofrecerle al partido de Raúl Alfonsín el mismo cobijo que hoy le proporciona Duhalde pero en el seno de un futuro gobierno del mismo signo.

• Finalmente, el PJ le expondrá a Duhalde este fin de semana una condición dirigida directamente a su situación de caudillo: los dirigentes del interior no quieren que el acuerdo con el Fondo sirva para que la fracción bonaerense del partido llene sus alforjas asistencialistas con recursos que le servirían para imponerse en las elecciones internas y someter al resto del peronismo, ya disgustado con el estilo de conducción del Presidente (no tanto por autoritario, como se tendía a suponer, sino por inseguro y ambivalente).

La salida que los gobernadores comenzaron a imaginar ayer para evitar que Duhalde se beneficie de esa manera fue que los recursos que puedan provenir del Fondo Monetario Internacional para ser aplicados a prestaciones sociales sean federalizacon arreglo a parámetros objetivos.

Como podrá advertirse, en el del peronismo Duhalde promueve dos temores que se intentarán conjurar con estos puntos, adicionales a los 14 conocidos anteayer: el primero, el desequilibrio de poder que implica su asistencialismo bonaerense (ya demostrado con la administración del Fondo del Conurbano). El segundo, el riesgo de que en su fracaso lleve a el partido hacia las llamas. Razonable cautela si se mira por un minuto lo que logró hacer De la Rúa con la UCR a partir de su malograda gestión.