El Consejo Nacional del Partido Justicialista defendió el decreto de Cristina de Kirchner en el cual dispone el cese de la detracción del 15 % por pre-coparticipación y el 1,9 % por financiamiento a la Administración Federal de Ingresos Públicos porque "promueve equidad de trato a todas las provincias argentinas e impid2 mayores erogaciones originados por pleitos y acciones legales para el cobro de la cifra adeudada".
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A través de un comunicado, el partido sostuvo que "el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 24 de Noviembre de 2015 disponiendo la inconstitucionalidad de artículo 76 de la Ley 26078 y de los artículos 1°, inciso a) y 4° del Decreto N° 1399/01 resolvió en tres casos concretos generando consecuencias directas desde el punto de vista jurídico y económico, porque coloca en situación de notoria desigualdad al resto de las provincias argentinas, violando el principio de igualdad ante la ley y vulnerando el federalismo consagrado en nuestra Constitución Nacional".
"Este Consejo Nacional reivindica la decisión de la Presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner quien a través del decreto 2635 del 30 de noviembre de 2015 dispuso el cese de la detracción del 15 % por pre-coparticipación y el 1,9 % por financiamiento a la Administración Federal de Ingresos Públicos promoviendo equidad de trato a todas las provincias argentinas e impidiendo mayores erogaciones originados por pleitos y acciones legales para el cobro de la cifra adeudada", indica el texto.
En ese sentido, el PJ afirma que "durante 12 años de mandato popular encarnado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner las provincias argentinas tuvieron un ejercicio claro y prístino mediante políticas públicas que favorecieron a todos los habitantes de la República Argentina sin distinción de color político".
"La inclusión social con AUH, AUE, el plan Progresar, las obras de infraestructura pública (energía, pavimento urbano, rutas, agua potable, cloacas, viviendas, puertos, sistema ferroviario, gas, fibra óptica, etc ), la política de subsidios a servicios públicos ( gas, energía eléctrica, agua potable y cloacas) tuvieron por objetivo mejorar la logística integrada del país, desarrollar la industrialización con valor agregado en origen y potenciar la demanda agregada a través del consumo popular y la inversión productiva", afirman.
Por ello, sostienen, "el Consejo Nacional del Partido Justicialista respalda la decisión presidencial del DNU 2635/2015 que restituye a nuestras provincias argentinas recursos esenciales para nuestro progreso y desarrollo".
"La decisión de la Corte Suprema de Justicia de limitar a tres provincias argentinas genera serias sospechas de una componenda política que implicó cambio de votos por fallo en la segunda vuelta electoral a juzgar por los resultados", sugieren.
A su vez, manifestaron "preocupación" por la posibilidad de que el presidente electo Mauricio Macri derogue el DNU porque "marca un sendero de gobernar para el centro del país, excluir al resto de las provincias argentinas y quebrar un principio esencial del federalismo" y además "viola la esencia y el espíritu del fallo de la CSJ quebrantando la vigencia del principio republicano de gobierno de igualdad de trato a las provincias".
"Este Consejo respaldará a nuestros Gobernadores en sus reclamos e instamos a la Comisión Bicameral de DNU para que en forma inmediata se aboque a su tratamiento como así también su ulterior apoyo en el pleno de ambas Cámaras a los efectos de impedir una decisión unilateral nociva para los intereses de nuestras provincias por parte del Presidente electo", dicen.
Además, consideran que "estas decisiones pretenden reeditar los viejos enconos entre unitarios y federales. Aquellos que prometieron República y Federalismo empezaron mal. Empezaron violando la República y destruyendo el Federalismo".
"Quieren imponer la fuerza, arrodillar a nuestros Gobernadores y excluir a quienes no piensan como Ellos. Se terminaron los discursos de campaña. Empieza el gobierno porteño, unitario, del centro y la revancha contra el norte y el sur", indican.
El texto concluye afirmando que "nosotros acompañaremos a nuestros Gobernadores, Senadores y Diputados a defender nuestros derechos y promoveremos las acciones judiciales necesarias para impedir cualquier avasallamiento".
Según trascendió, el documento surge porque las provincias a las cuales se les devolvió el 15% de la coparticipación son aquellas con las que el Gobierno nacional había entablado acuerdos políticos por ser de una misma pertenencia partidaria. Por ello, las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, cuyos mandatarios no estaban alineados al gobierno nacional, no eran parte del acuerdo.
A partir del 10 de diciembre, con el inicio de la presidencia de Mauricio Macri, los acuerdos políticos caen por lo que el presidente electo deberá entablar sus propios consensos con las provincias.
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