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Se tratarán en el recinto el proyecto de ley para la expropiación de Aerolíneas Argentinas y el blanqueo de capitales.
En no más de seis meses, el organismo que el gobierno nacional designe deberá presentar un Plan Estratégico para el funcionamiento de las compañías para un mediano y largo plazo.
También se autoriza al Ejecutivo a ceder a los trabajadores el diez por ciento de las acciones de las compañías.
Finalmente, el gobierno estará obligado a presentarse en todas las causas penales existentes en las que se investiguen eventuales delitos que los accionistas mayoritarios, los administradores o aún terceros hubieran cometido en perjuicio del patrimonio de las empresas.
El paquete anticrisis
Si la norma es aprobada será convertida en Ley, luego de que la Cámara de Diputados lo aprobó la semana pasada.
El oficialismo impulsa la norma que el jueves obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y que será tratada en conjunto con otros dos proyectos que le interesan al Ejecutivo Nacional.
El primero de ellos es el que declara "de utilidad pública y sujetas a expropiación" a las líneas aéreas Aerolíneas Argentinas y Austral, y a sus empresas satélite.
El otro, anunciado el viernes por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el que le pone fin al sistema que gravaba los salarios de los trabajadores, conocido como "Tablita de Machinea" porque fue una iniciativa del ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea.
El proyecto sobre regularización impositiva, regularización del empleo no registrado y repatriación o "blanqueo" de capitales, incluye una serie de medidas destinadas a la reactivación de la economía argentina.
Sin embargo, el capítulo más cuestionado es el que se refiere al Título III de la norma referido a la "Exteriorización de la tenencia de moneda nacional, extranjera, divisas y demás bienes en el país y en el exterior".
El núcleo principal de la iniciativa establece que quienes traen su dinero desde el exterior no están obligados a explicar su origen.
Las principales críticas en este sentido provienen desde la oposición, más precisamente desde el radicalismo, que considera que el blanqueo de capitales los "obligará a presentar Reportes de Operaciones Sospechosas para cada uno de los contribuyentes que se adhieran".
"Como la ley que pretende el gobierno que no prevé especificar el origen de los fondos blanqueados, para conocer de dónde viene la plata deberemos presentar esos informes ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio Público Fiscal, dando cumplimiento con el artículo 20 de la ley vigente de lavado de dinero", anunció el senador radical Gerardo Morales.
No obstante las críticas del radicalismo y de otros sectores de la oposición, la directora de la UIF, Rosa Falduto, aclaró el jueves durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado que el proyecto que impulsa el gobierno nacional no lesiona la Ley de Lavado de Dinero.
En el mismo sentido, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, manifestó que tanto el blanqueo de capitales como la regularización de aportes a la AFIP "son un eventual complemento para plantarse mejor ante las eventuales consecuencias de la crisis internacional".
"Todos los gobiernos tuvieron amnistías en ese sentido", recordó el senador rionegrino.
Además, Pichetto también manifestó su confianza en que el proyecto sea aprobado el miércoles por el Senado y, de esa manera, sea convertido en Ley con la intención de que el jueves la Cámara alta le dé sanción definitiva a la iniciativa que elimina la Tablita de Machinea.




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