Emergencia divide aun a pesar de las críticas

Política

Más allá de la histórica foto que los mostró unidos, los partidos de la oposición no logran ponerse de acuerdo en la estrategia a seguir para detener los embates del gobierno en el Congreso. Las discusiones sobre la conveniencia de acudir a la Corte Suprema de Justicia que mantienen legisladores radicales, macristas y del ARI son el síntoma más claro de esta falta de definiciones en la oposición.

Cuando el 22 de diciembre pasado el bloque oficialista conducido por el santafesino Agustín Rossi logró aprobar la prórroga de la Ley de Emergencia Económica, el jefe de los diputados de la UCR en la Cámara baja, Fernando Chironi, advirtió al gobierno nacional que presentaría una acción judicial ante el máximo tribunal de Justicia.

• Reacción mesurada

La acción finalmente no prosperó. El radical rionegrino tanteó el tema con los líderes parlamentarios del ARI y del PRO, quienes no estuvieron de acuerdo con judicializar una sesión parlamentaria. Incluso deslizaron que en caso de recurrir a la Justicia se estaría incurriendo en el mismo vicio que se le critica al gobierno. Es decir: atentar contra el más básico de los principios republicanos: la división de poderes.

La mesura con la que reaccionó el espectro opositor parecería una muestra de coherencia política, pero resulta contradictoria, en especial desde la filas macristas, si se tiene en cuenta que fue el experto constitucionalista y diputado,
Jorge Vanossi, quien le dio los argumentos al bloque kirchnerista para que la prórroga de la emergencia económica -al igual que la de los impuestos- fuese aprobada con 129 votos, y no con una mayoría calificada que les hubiese obstruido a los kirchneristas el camino para que el Congreso delegasefacultades no especificadas en el Poder Ejecutivo.

• Cuestionamiento

«Es el mismo discurso del gobierno el que no justifica la prórroga de la emergencia económica: el pago adelantado de 9.810 millones de dólares al FMI y el crecimiento económico. La extensión de la vigencia de esta ley, la 25.561, se produjo en una sesión atirreglamentaria, y la delegación de facultades que prevé es gravísima y violenta la Constitución Nacional», bramó en aquel entonces Chironi.

Los radicales cuestionan la constitucionalidad del artículo primero de la Ley de Emergencia, donde se otorgan a
Néstor Kirchner las facultades de «adoptar las medidas necesarias tendientes a lograr una salida ordenada de la situación de emergencia pública». La descripción de esta normativa es tan vaga que, razonan en la UCR, podría incurrirse en uno de los delitos tipificados en el artículo 29 de la Constitución Nacional: «El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria».

En caso de que los radicales materialicen por sí solos una presentación ante la Justicia estarían siguiendo los pasos de Elisa Carrió, quien denunció por «infames traidores a la Patria» a los legisladores que votaron a favor de la delegación de superpoderes a Domingo Cavallo cuando era ministro de Economía de la Alianza.

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