Emergencia divide aun a pesar de las críticas
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• Cuestionamiento
«Es el mismo discurso del gobierno el que no justifica la prórroga de la emergencia económica: el pago adelantado de 9.810 millones de dólares al FMI y el crecimiento económico. La extensión de la vigencia de esta ley, la 25.561, se produjo en una sesión atirreglamentaria, y la delegación de facultades que prevé es gravísima y violenta la Constitución Nacional», bramó en aquel entonces Chironi.
Los radicales cuestionan la constitucionalidad del artículo primero de la Ley de Emergencia, donde se otorgan a Néstor Kirchner las facultades de «adoptar las medidas necesarias tendientes a lograr una salida ordenada de la situación de emergencia pública». La descripción de esta normativa es tan vaga que, razonan en la UCR, podría incurrirse en uno de los delitos tipificados en el artículo 29 de la Constitución Nacional: «El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria».
En caso de que los radicales materialicen por sí solos una presentación ante la Justicia estarían siguiendo los pasos de Elisa Carrió, quien denunció por «infames traidores a la Patria» a los legisladores que votaron a favor de la delegación de superpoderes a Domingo Cavallo cuando era ministro de Economía de la Alianza.
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