Diputados nacionales de Unión por la Patria enviaron una carta a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y a otros funcionarios del organismo para expresar su preocupación por el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno de Javier Milei. En el documento cuestionaron los supuestos fiscales de la iniciativa y señalaron presuntas inconsistencias, falta de información y partidas que, según sostienen, podrían quedar bajo un amplio margen de decisión del Poder Ejecutivo.
La presentación fue realizada por autoridades e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Allí plantearon que el proyecto, identificado como Mensaje N° 43-2026, debería ser analizado también a partir de sus efectos institucionales y fiscales.
Los legisladores señalaron tres aspectos centrales del proyecto que, a su entender, requieren atención. El primero está relacionado con el gasto tributario asociado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según el planteo opositor, el Gobierno proyecta para 2027 un superávit primario de $15,4 billones, equivalente a aproximadamente 1,1% del PBI, pero ese resultado no incorporaría el costo fiscal de los beneficios tributarios previstos por el régimen.
En plena misión del FMI, Unión por la Patria cuestionó el Presupuesto 2027
En ese sentido, calcularon que el gasto tributario del RIGI podría alcanzar los u$s3.359 millones anuales cuando el régimen se encuentre en plena ejecución. De acuerdo con la estimación incluida en la carta, ese monto equivaldría a unos 0,49 puntos del PBI.
El segundo punto de la presentación está centrado en la denominada Jurisdicción 91, correspondiente a “Obligaciones a Cargo del Tesoro”. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla para esa jurisdicción unos $14,8 billones, frente a los $5,6 billones que el Gobierno estima ejecutar durante 2026.
Dentro de esa jurisdicción, los diputados de Unión por la Patria pusieron el foco en el programa 99, “Otras Asistencias Financieras”, que contempla alrededor de $7,7 billones. Según sostuvieron, esa partida no cuenta con metas físicas ni con un criterio de distribución establecido en el proyecto y podría otorgar al Ejecutivo un margen amplio para definir su asignación durante la ejecución presupuestaria.
La jurisdicción 91 no constituye un ministerio ni un organismo con estructura propia, sino una categoría presupuestaria bajo la órbita de Hacienda que concentra obligaciones y transferencias que pueden ser distribuidas durante el ejercicio. Parte de esos recursos puede utilizarse para financiar empresas públicas o reforzar partidas de distintas áreas cuando aparecen necesidades presupuestarias.
El tercer cuestionamiento está vinculado con la inversión financiera neta. Los diputados señalaron que el Presupuesto 2027 proyecta unos $17,4 billones frente a los $9,8 billones previstos para 2026, lo que representa prácticamente el doble en términos nominales.
Según la interpretación del bloque opositor, esa dinámica supone que una parte significativa de los recursos financieros disponibles podría quedar destinada a inversiones financieras temporarias, disponibilidades en caja y bancos u otros instrumentos financieros. Los legisladores cuestionaron que ese mecanismo pueda coexistir con menores asignaciones para determinadas políticas públicas.
En la carta, Unión por la Patria también vinculó sus observaciones con el rol del FMI en el programa económico argentino. Los diputados recordaron que el organismo realiza revisiones periódicas del desempeño macroeconómico del país y participa en la definición y modificación de metas cuantitativas acordadas con el Gobierno.
