La justicia porteña dispuso que los menores de edad que sean detenidos por diferentes delitos no podrán quedar alojados en comisarías, sino que deberán ser enviados a centros especializados, y le dio 60 días de plazo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que arbitre los medios necesarios para cumplir con lo indicado.
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Así lo resolvió el juez en lo penal, contravencional y de faltas porteño, Javier Bujan, ante un habeas corpus interpuesto por Laura Musa y Carlos Bigalli, magistrados del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora el juez Bujan le dio al Gobierno porteño un plazo de 60 días para que "acondicione otros lugares para que puedan estar los menores detenidos allí".
Por tal motivo, en este tiempo se dispondrán cinco comisarías en las que los menores estarán hasta tanto se dispongan sus traslados a los centros que se reacondicionarán.
El hábeas corpus colectivo fue interpuesto por Laura Musa y Carlos Bigalli, magistrados del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, quienes pretendían una decisión jurisdiccional que proscriba la privación de la libertad de personas menores de 18 años de edad en dependencias policiales, por resultar "ilegal", e implicar un "ilegítimo agravamiento de las condiciones de detención".
Durante los alegatos, los fiscales Luis Duacastella Arbizu y Claudia Barcia sostuvieron que nada impide alojar a menores en dependencias policiales, pero Musa, la Defensora General Adjunta Bettina Castorino y el Defensor Javier de la Fuente, además de Bigalli, sostuvieron que la ley local establece expresamente que el lugar de alojamiento de niños, niñas y adolescentes debe ser un centro especializado que, además de satisfacer determinados estándares, no puede hallarse a cargo de personal policial.
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