En un comunicado Amnistía Internacional apoyó el memorando

El Gobierno obtuvo un fuerte respaldo de la organización Amnistía Internacional al memorando firmado con Irán, que este jueves el Senado dio media sanción, a través del cual el Estado argentino intenta darle un nuevo impulso a la investigación por el atentado a la AMIA.

Amnistía Internacional consideró que el acuerdo entre Argentina e Irán "se presenta como una oportunidad para reactivar la causa judicial, al posibilitar la realización de los interrogatorios pendientes".

A través de un comunicado emitido por la filial local de la organización defensora de los Derechos Humanos a nivel mundial, se expresó que el memorando "se presenta como una oportunidad para reactivar la causa judicial sobre el atentado de 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), actualmente estancada, al posibilitar la realización de los interrogatorios pendientes".

El texto agrega que "la comisión de la verdad que ambos países proponen crear podría ser una contribución positiva", aunque aclara que el mismo "no debe reemplazar los procedimientos judiciales" y que ambos países "deben garantizar la independencia de esa comisión".

Según Amnistía Internacional, "el memorando de entendimiento parece indicar la voluntad de ambos países de que se avance en la causa del atentado a la AMIA", y observa que "aunque de ninguna manera garantiza el éxito en la investigación, crea una oportunidad de avanzar hacia la justicia y reparación para las víctimas".

Tras recordar que la Argentina solicitó la captura de ocho ciudadanos iraníes y un libanés sospechados de haber participado en el atentado, de los cuales INTERPOL emitió "alerta roja" sobre cinco de ellos, Amnistía Internacional señaló que "la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, ha fijado el procedimiento para autorizar misiones internacionales de magistrados y funcionarios judiciales, con el fin de realizar interrogatorios y otros actos judiciales. Esto se ha hecho en un número de casos en los últimos años".

"Si después de los interrogatorios las autoridades judiciales argentinas entienden que la evidencia es suficiente para procesar a los sospechosos y ordenar su arresto, Irán debe garantizar el cumplimiento de los pedidos de extradición, a menos que decida investigar el caso a través de su propio sistema judicial, en un juicio imparcial que no contemple la posibilidad de pena de muerte. Así surge del deber de cooperar en el arresto, extradición y castigo de personas acusadas por crímenes de derecho internacional o graves violaciones a los derechos humanos", continúa el comunicado.

Y agrega: "Tanto Irán como Argentina deben garantizar que las reglas de procedimiento de la comisión de la verdad sean públicas y cumplan con los estándares internacionales. Además la comisión de la verdad debe garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, incluyendo una reparación completa. El marco legal que se establezca para la comisión de la verdad debe asegurar la plena colaboración de ambos países a través de sus gobiernos y tribunales".

Al respecto la directora ejecutiva del organismo, Mariela Belski, dijo en declaraciones al canal C5N que "creemos que Irán va a cumplir con el acuerdo" y opinó que si no lo hace "va a quedar expuesto ante la comunidad internacional".

Hace menos de un año, en coincidencia con el último aniversario del atentado que en 1994 se cobró la vida de 85 personas, Amnistía Internacional le había recordado al Estado la "obligación de esclarecer el más grave ataque que sufrió la sociedad" y también, "castigar a quienes desviaron la investigación".

"El juicio oral que terminó en 2004, con la absolución de todos los acusados, dejó expuesta la larga lista de delitos que se cometieron durante la investigación judicial, que no tuvo como objetivo encontrar la verdad, sino ofrecer a la opinión pública condenas, para mostrar a un Estado activo en la resolución de un caso de alto impacto", reclamó en aquella oportunidad la organización.

Y agregaba: "Si la Argentina no da señales de tener una clara voluntad política a favor de la búsqueda de la verdad, la cuestión podría terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la posibilidad de una grave condena para el Estado argentino".