El proyecto, que se aprobó en compañía de la ley de Ejecución de Penas, contó con un apoyo multipartidario. Qué alcances tiene la nueva normativa.
La Ciudad de Buenos Aires contará con un sistema penitenciario bajo gestión propia.
En una maratónica e histórica sesión que incluyó la aprobación del Presupuesto 2026, la Legislatura porteña dio un paso en favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires al sancionar los proyectos de creación del Servicio Penitenciario local y de Ejecución de Pena. Las iniciativas llegaron al recinto luego de meses de debates en comisión y son fruto de un consenso pluripartidario.
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El texto penitenciario, aprobado por 54 votos afirmativos y tres negativos, contempla la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS), cuyo objetivo es garantizar la custodia de detenidos en conjunto con el impulso de políticas de tratamiento aggiornadas a la actualidad para lograr la reintegración social y reducir la reincidencia.
Junto con la Ley de Ejecución de la Pena, que también se sancionó esta noche por 55 afirmativos y tres negativos y sin abstenciones, apuntan a crear las condiciones para la administración y gestión de los condenados en el ámbito de la justicia porteña, con miras a la transferencia de competencias penitenciarias que CABA negocia con Nación y que permitiría terminar con la superpoblación de comisarías y alcaidías.
“Es histórico que tengamos nuestro propio Servicio Penitenciario, un gran paso para nuestro plan integral de seguridad y un hito para la autonomía porteña”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Cada competencia que asumimos tiene un impacto directo en la vida de los 3 millones de vecinos y de todas las personas que recorren o visitan todos los días la Ciudad”.
Inés Parry, presidenta de la Comisión de Justicia, fue la primera en tomar la palabra cuando llegó el turno del debate, tras una larga sesión presidida por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, titular de la Legislatura. La legisladora de la UCR, que intervino activamente en la búsqueda de consensos para la redacción final de los textos, destacó la aprobación como “un punto de inflexión histórico en el desarrollo institucional de la Ciudad de Buenos Aires". "Por primera vez, CABA asume la competencia plena sobre ejecución de las penas. Es un hito que representa una oportunidad estratégica en el diseño de un sistema moderno, civil, profesional desde sus cimientos”, remarcó.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Gimena Villafruela, representante del PRO en la Legislatura y también parte importante en el proceso de discusión, lo consideró como "un hito para nuestra autonomía que marcará un antes y un después en la vida de todos los porteños". "La Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve un destino serio: penas que se cumplen, la protección de la sociedad y la víctima y oportunidades reales para reducir la reincidencia”, añadió.
"Cuando comenzamos a discutir este proyecto no teníamos los delitos transferidos. Seguimos igual. Tampoco teníamos las competencias transferidas. Seguimos igual. Y teníamos alcaidías de las que se escapaban sistemáticamente los presos", dijo a su tiempo la legisladora de Unión por la Patria, Graciana Peñafort. "Arrancamos con un proyecto bastante deficiente de parte del Ejecutivo", apuntó críticamente respecto al texto que inicialmente envió el alcalde, y valoró el trabajo de todos los bloques para hacer "un proyecto más integral y más humano, porque la pena no tiene sentido si no tiene esperanzas de redención".
Rebeca Fleitas, de La Libertad Avanza, se refirió a la aprobación como una respuesta a una deuda que la Ciudad tenía con los vecinos desde hace más de 30 años. La legisladora, otra de las voces que trabajó para la sanción, también lo calificó como "una consolidación y un paso más hacia la autonomía porteña". "Es finalmente tener el marco y régimen jurídico para la creación de una fuerza penitenciaria, civil y armada, para la custodia de las personas privadas de la libertad", junto con "un cuerpo de agentes civiles dedicados a la reintegración de los detenidos mediante un apoyo de un equipo interdisciplinario".
“Con la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad estamos dando un paso muy importante en la consolidación institucional de la Ciudad. Es un logro que se merecen todos los porteños y también, uno de los principales objetivos que nos propuso cumplir el Jefe de Gobierno, Jorge Macri”, señaló tras la sanción el ministro de Justicia, Gabino Tapia. “Además, esto nos permite reforzar nuestro Sistema Integral de Seguridad Pública”, agregó.
La agencia se constituirá como un organismo civil, desconcentrado, especializado y auxiliar del Poder Judicial, que orbitará en el Ministerio de Justicia de la Ciudad. Estará compuesta por la Dirección General, la Subdirección General, y las Direcciones de Seguridad Penitenciaria, Diagnóstico, Tratamiento y Plan de Vida, y Recursos Humanos y Bienestar Laboral.
La gestión de la agencia estará bajo el mando de personal civil y su funcionamiento debe garantizar “el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud, el deporte, la cultura y el desarrollo de recursos para materializar la finalidad de la ejecución de la pena".
Uno de los aportes más resonantes del proyecto tiene que ver con el Plan de Vida, es decir, los compromisos y objetivos acordados con las personas detenidas para lograr su reincorporación a la sociedad. La iniciativa contempla el acceso a la educación, la salud, la capacitación laboral, y la vinculación social en el marco de las metas fijadas. Durante el proceso estarán acompañados por personal interdisciplinario.
La ley del nuevo sistema penitenciario de CABA determina la formación de su personal, que se dividirá en dos cuerpos. Por un lado, estarán los Agentes de Seguridad Penitenciaria, una fuerza civil armada enfocada en seguridad, prevención, protección y custodia. Por otro, los Agentes de Reintegración Social: personal civil profesional, técnico y administrativo enfocado en tratamiento progresivo, educación, trabajo, salud mental, vínculos familiares y el Plan de Vida.
En lo que respecta a la Ley de Ejecución de la Pena, en el GCBA destacan que permitirá a la Ciudad asumir por primera vez esa competencia plena. "Su finalidad principal es que el condenado comprenda la gravedad de sus actos, respete la ley y logre la reintegración social", añadieron. La normativa introduce innovaciones que le reconocen a la víctima el derecho a la reparación por parte de quien haya cometido el delito.
La sanción de la ley llega en un contexto en el que el Ejecutivo local negocia con Nación el convenio para la transferencia de competencias del Servicio Penitenciario Federal a la órbita local y el traspaso de presos. El acuerdo no solo abarcaría a los alocados en alcaidías, sino también el traspaso de instalaciones, como un pabellón del penal de Ezeiza y el sector que se está construyendo dentro de la cárcel de Marcos Paz.
Asimismo, se trasladarán a los presos que se encuentran detenidos en la cárcel de Devoto, la cual dejaría de estar activa. En CABA aseguran que también incluiría personal y fondos, uno de los reclamos iniciales.
La creación de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social viene a preparar el terreno para el traspaso con Nación, para que, llegado el momento, exista una base legal detrás que evite lagunas normativas y dolores de cabeza para las partes. El objetivo del Ejecutivo porteño es tener listo el sistema para formalizar el traspaso una vez que culminen las obras en el complejo penitenciario bonaerense, cuyo deadline está previsto para marzo.
El alcalde Jorge Macri y la ministra y senadora electa, Patricia Bullrich, firmaron en diciembre del año pasado el acuerdo que daría inicio a la transferencia de las competencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) al área porteña, para los delitos que no son federales. Se esperaba que a partir de entonces pudiera comenzar a aliviarse la situación en las alcaidías, pero hasta el momento no hubo mejoras sustanciales.
De acuerdo a cifras oficiales del GCBA, hasta la semana pasada había alojados 2.432 presos en alcaidías porteñas, de los cuales 414 están imputados, 1.628 procesados y 390 condenados. Respecto a los delitos, 1.665 se encuentran detenidos por afectaciones contra la propiedad, 244 contra la integridad, 178 contra las personas y 131 contra la administración.
Asimismo, siete arrestados deben purgar aún más de 10 años de pena, 18 deben cumplir entre 5 y 10 años más; unas 57 personas le restan entre 2 y 5 años, a 32 le restan entre 1 y 2 años de pena; 31, entre 7 meses y 1 año y a 71 le quedan cumplir entre 1 y 6 meses más adentro.
Los equipos de CABA y Nación trabajan desde junio en el convenio final. En ese marco, tal como informó Ámbito, el entendimiento podría sea formalizado sin necesidad de que pase por el Congreso, contrario a lo que preveían en un primer momento. Los equipos legales que trabajan en la redacción advirtieron que de acuerdo a la denominada "ley Cafiero", aprobada en noviembre de 1997 -que garantiza los intereses del Estado nacional en la Capital Federal-, el texto podría eludir al Poder Legislativo nacional y formalizarse a sola firma de un decreto.
Ocurre que la ley nacional 24.588 no especifica nada sobre cuestiones vinculadas a un traspaso por convenio del Servicio Penitenciario por lo que, si no regula, habilita a que se pueda hacer mediante dicho mecanismo.
Así las cosas, con los proyectos de Servicio Penitenciario y de Ejecución de Penas aprobados, el jefe de Gobierno avanza un paso más en camino hacia la autonomía porteña. Mientras tanto, en paralelo, continúan con los reclamos para asumir las administraciones del Puerto de Buenos Aires y la Terminal de Retiro, además del traspaso del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Inspección General de Justicia (IGJ), entre otros puntos.
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