Entre Ríos: separan temporariamente a un intendente

El Concejo Deliberante de la ciudad entrerriana de Victoria, ubicada a 120 kilómetros de la capital provincial, separó temporariamente del cargo al intendente socialista Jorge Valverde.

La decisión fue adoptada por el cuerpo deliberativo luego de que la Cámara de Apelaciones de Entre Ríos confirmó su procesamiento y el de otros funcionarios comunales en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la licitación de la explotación de la zona costanera y balnearia de esa ciudad.

La suspensión del intendente Valverde fue adoptada por unanimidad por el Concejo Deliberante, que, a su vez, designó al titular de ese cuerpo, Carlos Claro Díaz, al frente del departamento ejecutivo municipal.

Antes de tomar la decisión, los ediles le habían remitido una nota al juez electoral de Victoria, Oscar Delvalle, en la que le pidieron la destitución de Valverde, pero el magistrado les respondió que esa facultad le correspondía al Concejo Deliberante.

Valverde, que presentó una medida cautelar de no innovar que cuenta con dictamen favorable de la Fiscalía, quedó separado del cargo hasta tanto el Superior Tribunal de Justicia resuelta su situación procesal.

A mediados de junio pasado, el juez de Instrucción de Victoria, Jorge Brassesco, dictó el procesamiento de Valverde (socialista-ex Alianza) por violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
Esa imputación se dictaminó en el marco de una causa que se inició como consecuencia de la licitación convocada por la comuna para adjudicar la explotación de la costanera victoriense.

La causa se inició a fines del año pasado, tras la denuncia de siete de los doce concejales, la mayoría ex aliados de Valverde, quienes criticaron la licitación para explotar la zona, una de las que presenta mayores perspectivas de desarrollo tras la inauguración de la conexión vial entre Victoria y Rosario.

Valverde, que se desempeñaba como intendente suplente, asumió la titularidad de la comuna victoriense luego de la renuncia de Gracia Jaroslavsky, quien pasó a desempeñarse como diputada nacional por la Alianza en 2001.

A poco se asumir, Valverde adjudicó la concesión de la explotación de la zona del balneario y de la costanera de Victoria a Manuel García, un ex empleado de una cristalería de Rosario.

Los concejales objetaron la adjudicación con el argumento de que García fue el único oferente debido al exorbitante precio del pliego fijado en dos mil pesos, cuatro veces más de lo que había costado en la licitación anterior.

En su resolución, el juez Brassesco también decidió procesar por omisión de los deberes a su cargo y por falsedad ideológica a los secretarios de Gobierno, Darío Rivero; de Hacienda, Fabian Zorzabal, y de Planeamiento, Sebastian Berta.

Además, en el marco de la causa, procesó como partícipes necesarios al asesor legal de la comuna, Carlos Pacher, y al concesionario García.