El decreto que anunció el lunes pasado Cristina de Kirchner para lanzar el Programa de Redistribución Social financiado con la suba en la retenciones encierra problemas técnicos que serán de difícil solución si la cuestión llega a la Justicia. El primero de ellos es que la forma en que dispone de la mayor recaudación para aplicarla a obras públicas como hospitales, escuelas o caminos no es el que habilita la Ley de Administración Financiera y, por lo tanto, podría ser cuestionado en los tribunales.
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En el decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial, la Presidente ordenó al jefe de Gabinete a disponer las reasignación de partidas del Presupuesto necesarias para financiar las obras anunciadas.
La cuestión es que los fondos por la suba de 35% a 44,2% -valor de ayer- en las retenciones sobre las exportaciones de soja no están incorporados como ingreso en el Presupuesto 2008. Por lo tanto, no se trata de una resignación de partidas, para lo que sí esta autorizado el jefe de Gabinete por los superpoderes del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, sino de un incremento de gasto general que, de acuerdo con la misma ley sólo puede ser autorizado por el Congreso.
No es que nunca se haya hecho, todo lo contrario. Durante el gobierno de Néstor Kirchner los excedentes de recaudación que se produjeron por subestimar ingresos fijando pautas irreales de crecimiento de la economía y de la inflación, se apeló a decretos de necesidad y urgencia para ajustar el gasto a la verdadera recaudación. Por lo tanto, esa operación no puede hacerla el jefe de Gabinete como plantea el decreto.
Requerimiento
Para incorporar esos fondos al Presupuesto nacional, Cristina de Kirchner debería apelar a una ley que incremente el nivel de gasto total previsto para este año. Es cierto que puede apelar también a un DNU como hacía su marido, pero eso la obligaría a utilizar ese instrumento que la Presidente evitó desde su asunción. En un acto casi inédito para la Argentina, desde diciembre, la Presidencia no emitió ninguno de esos decretos.
Por lo tanto, al no poder todavía aumentar el gasto total, las obras anunciadas deberá financiarse reasignando fondos.
«Hay una discordancia entre el objetivo anunciado y el instrumento elegido. Se aumenta el gasto en la cifra que surja de todo lo que exceda 35% de retenciones. Ese incremento va asignado específicamente en el decreto a las obras. Pero por la herramienta que utilizaron, un decreto simple, sólo se redistribuyen partidas existentes, con lo cual la plata va a salir de quitarles fondos a otras partidas», así lo explicó ayer el radical mendocino Ernesto Sanz, presidente del bloque UCR del Senado y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
«Para utilizar las retenciones tiene que haber una ley. Si no, deben decir cuáles van a ser los que van a perder para hacer los hospitales. Le adelanto: la plata va a salir de las actuales obras públicas», abundó Sanz.
Hay otra faceta complicada del plan anunciado. Además de la argumentación anterior, debe tenerse en cuenta que esos fondos aún no existen, comenzarán a liquidarse recién dentro de un mes, cuando las cerealeras efectivicen las ventas. Por lo tanto, no están asegurados todavía los u$s 800 millones para este año y los u$s 1.300 millones para 2009.
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