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30 de diciembre 2015 - 13:15

"Es la pena de muerte a la libertad de expresión en pos de la desregulación del cable"

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La abogada de Asuntos Legales y Normativas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Graciana Peñafort, manifestó su rechazo a los anuncios que en conferencia de prensa realizó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. "Es ilegal e inconstitucional", dijo sobre la intención de que el Congreso apruebe una nueva ley de medios, al tiempo que remarcó que "favorece la concentración en monopolios".

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En declaraciones a C5N, Peñafort señaló que el decreto "avasalla las competencias del Congreso", porque "viola el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, que establece que es el Congreso el que debe garantizar la pluralidad" y no el Ejecutivo". Para Peñafort, la medida es "la pena de muerte a la libertad de expresión" en pos de "la desregulación del cable".

Respecto a lo dicho por Peña, quien dijo también que se utilizarán los recursos de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) para brindar ayuda a los medios de comunicación más pequeños, señaló que "es inconstitucional".

"También es inconstitucional porque el nuevo titular del organismo, Miguel de Godoy, que se pretende crear -que absorberá las funciones de las actuales AFSCA y AFTIC- sea elegido por el Ejecutivo y no seleccionado de manera democrática".

"Como el presidente está de vacaciones, no tienen el decreto firmado" por lo cual indicó: "El valor jurídico del anuncio es cero".

La abogada cuestionó que "el Gobierno no tiene la voluntad de que funcione el Congreso, es evidente, y en la medida que puedan van a trabajar con decretos".

Consultada por la inclusión del cable en la nueva ley, objetó que "terminará favoreciendo la concentración de monopolios".

Peñafort también afirmó que "por sobre todas las cosas viola los estándares internacionales sobre libertad de expresión". Y argumentó que "en su informe de 2009 la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA afirma que 'la autoridad de aplicación y fiscalización debería ser un órgano independiente y autónomo del poder político y económico'".

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