Daniel Santoro es un periodista del monopolio "Clarín" que deslució cuando se empeñó en presentar como "gran negociado" su invento de "armas a Ecuador". En realidad, lo único que se probó fue el apropiamiento de un delincuente menor de 400.000 dólares. Siempre, o casi siempre, sobre una operación normal, resguardada por decretos oficiales corrientes, alguien que la conoce antes en el estamento oficial sale a cobrar una tajada invocando influencias de algo que ya está resuelto. Es un delito, pero no para el escándalo, acusaciones de " asociación ilícita" o invocaciones de cambio de destino del armamento como siempre que se venden armas. En definitiva, " Clarín" se apropió desde hombres del duhaldismo de 75 millones de dólares vendiéndoles a un precio falso 18% de su mediocre ciudad satelital. Eso es gran negociado y Santoro no lo investiga, obvio. Tampoco el "fideicomiso" del medio que le da trabajo para que el Estado lo salve de su quiebra financiera como empresa. Pero este periodista, despojado de esas contrariedades, suele ser autor de buenos artículos. Reproducimos párrafos salientes de uno sobre un hecho realmente grave: la corrupción en general, 6 años después de que en el continente se organizó el accionar para combatirla. Veamos.
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El informe, al que tuvo acceso «Clarín», es crítico con la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y los gobiernos desde 1996 -año que la convención fue ratificada por el Poder Legislativo-hasta la fecha. Se trata de la primera evaluación internacional de la aplicación de esa convención.
Bush considera la corrupción como una de las nuevas amenazas a la seguridad, junto al terrorismo.
En el tono técnico y sin adjetivos que usan los expertos, el informe hace un análisis de la marcha de la implementación de las medidas que establece aplicar aquella convención.
Si bien dejó para un segundo informe la falta de condenas judiciales para casos de corrupción, recomienda al Poder Judicial acelerar los juicios que están en marcha. Basta recordar, por ejemplo, que la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray está siendo investigada por supuesto enriquecimiento ilícito desde 1994 y, pese a que su caso se elevó a juicio oral y público, todavía no se puso en marcha esa instancia.
En medio de una campaña electoral en la que se discute tibiamente sobre la corrupción, el informe recomienda aplicar una medida clave: que la Oficina Anticorrupción pueda ser parte en los reclamos judiciales civiles para recuperar el dinero o los bienes que se robaron los corruptos.
También el informe propone que se modifique la Ley de Etica Pública y que la obligación de presentar antecedentes laborales que tienen los funcionarios de carrera se extienda a los políticos que se candidateen a cargos en el gobierno o el Congreso, a fin de controlar posibles conflictos de intereses. Es decir, impedir que por ejemplo un gerente pase de una empresa de electricidad a la Secretaría de Energía. Después, señala la contradicción de que, pese a que la Ley Nº 24.759, de Etica Pública, establece que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer públicas sus declaraciones juradas de bienes, la Corte Suprema sacó una acordada y se negó a hacerlo.
El informe, de 30 páginas, también sugiere que se sancionen en forma perentoria las siguientes leyes:
• Una ley de acceso a la información, como la Freedom Information Act de EE.UU., para que cualquier ciudadano pueda acceder a documentos públicos y se termine con la política del secretismo.
• Una ley para reglamentar el lobby y así la opinión pública sepa qué empresarios se reúnen con los miembros del gobierno y el Congreso.
Por último, encomienda a la Argentina «asegurar una mejor coordinación y cooperación entre el Ministerio Público (los fiscales), la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Sindicatura General, la Oficina Anticorrupción, la Auditoría General y las comisiones del Congreso». Quizá, éste sea el consejo más difícil de implementar, por los recelos personales y las influencias políticas que dividen a los funcionarios de esos organismos.
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