Un nuevo juez federal, Hugo Sastre, se hace cargo de la causa del espionaje ilegal en la base Zar y llevará adelante mañana la primera ronda de peritajes informáticos a las máquinas secuestradas de la oficina de inteligencia de la base Zar. La causa se inició por la denuncia del CELS, días antes del aniversario del 24 de marzo, basada en informaciones y archivos extraídos de manera subrepticia por el marino arrepentido Carlos Alegre, quien formaba parte del destacamento de inteligencia de la base.
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Sastre nunca pretendió ser juez federal ni esperaba esta subrogancia que podría durar dos o tres años. No está especializado en materia penal, viene de ejercer como prosecretario del juzgado electoral en Chubut, actividad más afín a los vericuetos de la política y los conflictos entre sus personajes.
El resultado de los peritajes que había ordenado el ex conjuez Luis López Salaberry antes de la feria será clave para el rumbo que tomará el expediente que ahora investiga Sastre. Para los forenses, los muertos hablan. Para los peritos informáticos, los que hablan son discos duros. La máquina registra los datos de cada actividad que realiza. Estos registros, que se conocen como logs, son una de las claves para el análisis informático forense y con este procedimiento se sabrá quiénes ingresaron y qué información obtuvieron. A través de los archivos de las computadoras se busca conocer si el espionaje ilegal tuvo origen en la oficina de Trelew -un hecho aislado- o, en cambio, respondió a una directiva del máximo nivel de la Armada que ejecutó toda la estructura de la inteligencia. Por eso, el jefe naval Jorge Godoy designó como interventor de la Dirección de Inteligencia Naval al vicealmirante Enrique Olmedo, amigo del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Señal destinada a dar garantías a la ministra de Defensa, Nilda Garré, sobre la inocencia de la conducción naval en los hechos investigados.
El procedimiento indicado por el juez Sastre para este martes por la mañana reunirá tres peritos: uno del juzgado, otro que ofreció la Armada y un tercero presentado por la defensa de los marinos imputados. Tras la verificación de discos duros anida un posible conflicto con los Estados Unidos: la US Navy (marina norteamericana) había cedido por medio de un convenio de confidencialidad varias máquinas Compaq modelo Armada 100 que forman parte de un sistema de inteligencia global conocido por el acrónimo ARMS (Automatic Report Marechant System).
Objetivo
Este canal de inteligencia compartida con el Pentágono se usa para conocer datos sobre buques sospechosos de transportar cargas peligrosas ( rezagos nucleares, armas químicas, explosivos, etc.) que pueden destruir objetivos estratégicos. Por caso, es uno de los sistemas que se usa para diseminar información de inteligencia cuando se simula el sabotaje al Canal de Panamá, maniobra antiterror multinacional en la que participará la Armada a mediados de agosto. Una de esas «notebook» fue secuestrada en el allanamiento que había realizado el entonces juez federal Jorge Pfleger siguiendo un plano proporcionado por el arrepentido Carlos Alegre, quien omitió excluir la Compaq norteamericana en el dibujo. Y para mayor confusión, la máquina no fue incorporada al acta de secuestro. A punto tal que en el expediente figura una nota firmada por el vicealmirante Benito Rótolo, segundo de la Armada, que pide al juez federal «con urgencia» la confirmación de la requisa del ordenador.
Este hecho, según Guillermo Hervida, defensor de los marinos, constituye una violación del secreto militar y del convenio de confidencialidad con EE.UU. Y anticipó que pedirá a los peritos la identificación de los que manipularon sus archivos.
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