El Hospital Francés será absorbido por el PAMI y transformado en un Centro Integral para la Tercera Edad, así lo confirmó ayer el gobierno nacional en un anuncio realizado en Casa Rosada.
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El plan consiste en expropiar al hospital de la Sociedad de Filantropía Francesa de Beneficencia que es la que acarrea la quiebra de cerca de 250 millones de dólares. Una vez realizado esto, el Francés pasará a la órbita del PAMI, y se transformará en un Centro Integral para la Tercera Edad.
En esta medida, las autoridades tomaron en cuenta el reclamo de los trabajadores -que denuncian un atraso de tres meses en los sueldos- ya que un grupo pasará a ser parte operativa dentro de la planta y otro, de cerca de 400, estará bajo la órbita del Estado.
Desde el gobierno esperan que el proyecto de ley para la expropiación esté terminado para mediados de febrero y que los 10 mil afiliados de la obra social del Francés sigan abonando la cuota correspondiente para que continúen recibiendo la cobertura. Para salvar a esta obra social es muy probable que se realice un fideicomiso, como meses atrás deslizaron desde el gobierno, descartando, de este modo, la nacionalización que reclamaban los gremialistas.
En el tiempo que pasó que el gobierno anunció la comisión que se encargará de trabajar con la institución hasta ayer, las autoridades mantuvieron contacto con los trabajadores, a quienes les propusieron la semana pasada que el hospital llegara operativo a 100% de su capacidad. No obstante, los trabajadores retrucaron esa idea reclamando el pago de 100% de los sueldos (el gobierno había fijado el tope en 70% del total) y los salarios atrasados.
Plazos
Sin embargo, el Estado está en condiciones de dar 5 millones de pesos por mes entre los que se encuentran los insumos y sueldos, por lo que pagar 100% es materialmente imposible, explicaron desde el gobierno. Además, se planteó que cada 10 días se abran 20 camas en el Francés y se pague 10% de la deuda que se acarrea con los empleados.
Cabe recordar que el Francés pasó por lo peor de la crisis en octubre pasado, cuando una manifestación terminó con incidentes en los que varias personas resultaron heridas. Sin embargo, los problemas de la institución son anteriores a esos incidentes, ya que arrastra una deuda de más de 200 millones de dólares y el funcionamiento del establecimiento estuvo a cargo de la intervención de José Luis Salvatierra, quien tuvo que renunciar debido a las constantes denuncias que los trabajadores presentaron en su contra.
Como consecuencia de la crisis, el gobierno realizó un plan de salvataje en el que se anunció una serie de medidas para mantener el funcionamiento del hospital, entre las que se encontraban subsidios para los estatales y un recorte de 30% de los salarios de los empleados.
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