Ferreyra: para la defensa del segundo de Pedraza no hubo homicidio

La defensa del sindicalista Juan Carlos "Gallego" Fernández sostuvo que durante la protesta que terminó con la muerte del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra y lesiones a otros manifestantes, "no hubo un homicidio, sino que se trató de una riña".

En su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal 21, el abogado Alejadro Freeland adelantó que pedirá la absolución de Fernández y afirmó que este proceso no es una causa judicial, sino un "juicio político".

Fernández, segundo de José Pedraza en la Unión Ferroviaria (UF), tiene, al igual que el titular del gremio, pedido de prisión perpetua por parte de la fiscal María Luz Jalbert.

En su alegato, Freeland dijo que durante el debate oral y público se probó que los manifestantes del PO "suelen ir armados, llevar palos, piedras y gomeras" en sus marchas y protestas, por lo que este caso se trató de una "riña" y no un homicidio.

En cambio, de acuerdo al abogado, "los ferroviarios van desarmados" a las manifestaciones.

El hecho que provocó la muerte de Ferreyra y heridas de bala a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Pablo Pintos, ocurrió el 20 de octubre de 2010 en el barrio Barracas de esta ciudad, cuando militantes del PO organizaban una protesta por la incorporación de "tercerizados" a la planta permanente de los ferroviarios.

En su alegato, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en representación de la familia de Ferreyra, pidió perpetua para Pedraza, Fernández, Cristian Favale, Gabriel Sánchez (estos dos presuntos autores materiales del homicidio)y para Pablo Marcelo Díaz, Francisco Pipito y Jorge Daniel González, como coautores.

La misma pena pidió para Claudio Gustavo Alcorcel, y los policías Hugo Ernesto Lompizano, Luis Mansilla, Jorge Ferreyra, Luis Alberto Echavarría, Rolando César Garay y Gastón Maximiliano Conti, como partícipes necesarios de homicidio calificado.

El CELS solicitó cuatro años de prisión para Pérez y Uño, por encubrimiento agravado, y un año de prisión para David Ismael Villalba, por omisión de los deberes de funcionario público.

El PO, en representación de Rodríguez y Aguirre, pidió 25 años para Pedraza y Fernández, como instigadores del plan criminal del resultó en la tentativa del homicidio calificado de sus asistidos.

Esa querella pidió la misma pena para Favale, Díaz y Sánchez, como coautores del mismo delito, y para González, Alcorcel, Pérez, Pipitó, Uño, Mansilla, Ferreyra, Lompizano, Garay, Villalba, Echavarría y Conti, como partícipes necesarios del plan
criminal.