El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Si el propósito de la ley, en su origen, fue calmar a las masas que en las encuestas reclamaban más participación y transparencia, debe admitirse que la propuesta fracasó. Ni siquiera la gente sabía que el domingo pasado podía votar, menos se le ocurrió el deber de hacerlo. Si también se pretendía desmontar la influencia de los aparatos partidarios y facilitar el ingreso de nuevos atrevidos a la política, la realidad es que lo de anteayer resultó todo lo contrario. Ganaron en ciertos distritos quienes disponen de estructura, poder y dineros suficientes para arrastrar voluntades y voluntarios: se consagró por último lo que se intentaba repudiar. Y ni siquiera hubo que invertir demasiado, ya que la competencia involucró a tan pocos participantes que el negocio costó una bicoca.
Aun así se ha mencionado reparto de dinero en organizaciones que se pensaban impolutas como el socialismo o en otros institutos más averiados como el radicalismo. Por no citar la intervención del Estado (caso La Rioja) con autoridades de mesa que eran funcionarios del gobierno observando cómo votaban, si votaban, sus propios empleados públicos. Con presión estatal o sin ella, igual los registros de votantes son insignificantes. Tan magra es la intervención popular que ni siquiera se han denunciado fraudes, una característica de cualquier votación calificada.
Penoso y dramático es el cuadro ya que, en total, sólo abarcó a la ínfima población de los aparatos partidarios, mientras los independientes ni se acercaron, salvo que fueran amigos de los candidatos. Como el caso de Moria Casán, quien adhirió a Nito Artaza por intimidad laboral y no por afinidad ideológica.
Descalificador debut entonces de la nueva norma y, además, esa deserción colectiva plantea una señal de alarma para la futura contienda del 23 de octubre.
Dejá tu comentario