El gobierno firmó ayer la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, durante una reunión internacional que se lleva a cabo en la ciudad mexicana de Mérida. La Convención, a la que suscribieron 82 países -entre ellos, 17 de América latina y el Caribe-establece un marco consensuado para combatir a nivel internacional delitos como la malversación de fondos públicos, el lavado de dinero, el soborno, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito.
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La Convención de la ONU no sólo fija pautas en cuanto a prevención en el sector público y privado, sino que, además -señala en un comunicado el Palacio San Martín-, reconoce el rol de la participación de la sociedad civil en este tema. El tratado tipifica una serie de delitos vinculados con el fenómeno de la corrupción y en forma original consagra por primera vez el principio de la recuperación de los activos derivados por hechos de corrupción y declara la restitución por parte de los países donde se encuentran.
Entre los países de la región que adhirieron al documento figuran, además del anfitrión y de la Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Perú, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Haití, Barbados y República Dominicana.
Las naciones que avalan el acuerdo ampliaron el régimen legal internacional para luchar contra delitos que trascienden las fronteras, complementando, de esta manera, la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico de drogas, la Convención de Palermo de 2000 contra la delincuencia organizada trasnacional y sus protocolos contra la trata de personas, el tráfico de migrantes y el tráfico de armas, tratados que la Argentina también ha ratificado.
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