El fiscal Franco Picardi impulsó la denuncia contra los directivos de la empresa Telmex S.A. e Ibercom Multicom S.A. y el Gobierno porteño por el apagón que afectó a más de 100.000 usuarios de la Ciudad de Buenos Aires.
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En su requerimiento de instrucción, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº5 de la Capital Federal no descartó que en los próximos días se individualice la responsabilidad de otros organismos además del área encargada de los servicios públicos y personas físicas o jurídicas. Además, le solicitó al juez de la causa Luis Rodríguez la realización de "varias diligencias para recabar elementos de prueba".
Picardi los funcionarios responsables del área pertinente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los cortes de luz ocurridos durante la semana pasada, que afectaron a los usuarios de los barrios de Recoleta y Palermo, principalmente.
El expediente se inició tras la denuncia del subsecretario legal del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Enrique Llorens, por el apagón en Recoleta y Palermo.
De acuerdo al escrito de Llorens, el corte se produjo en una zona concesionada a la empresa Edesur S.A., cuando operarios de la empresa Ibercom Multicom S.A., contratista de Telmex S.A., realizaban un tendido de fibra óptica por debajo de la Avenida Figueroa Alcorta, casi a la altura del cruce con la calle Dr. Carlos Vaz Ferreira. La interrupción del servicio público se habría ocasionado cuando una tunelera impactó dos ternas de cable de 132 kv. (106 y 107), dejando fuera de servicio las subestaciones Azcuénaga y Paraná.
En ese momento, el Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) dijo que fue causado "como resultado de la negligencia de las empresas responsables de la obra, y la falta de control por parte del Gobierno de la Ciudad".
Llorens consideró que Telmex S.A, responsables de la obra, actuaron de manera negligente "por no controlar a su personal dependiente y al personal de la contratista Ibercom Multicom".
El funcionario de la cartera de Julio De Vido remarcó lo más grave es que tras el daño a la primera línea de alta tensión "se continuaron con los trabajos hasta dañar una segunda línea, lo que pone de manifiesto que luego del primer siniestro, debería habérseles representado la posibilidad de un daño mayor, no obstante lo cual, siguieron con su cometido provocando un segundo corte".
La denuncia también alcanza a autoridades del Gobierno porteño, que autorizó la obra. "No solo tenía el deber de proporcionar la información adecuada para evitar cualquier incidente, sino que no podía ser ajena la existencia del tendido de la red eléctrica en el área de influencia de la obra, razón por la cual debían haber extremado los recaudos que correspondieran y, por su obligación, efectuar los controles necesarios en la ejecución de la misma". Por esos motivos, el fiscal federal impulsó la investigación "en orden al posible delito de violación de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades correspondientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo Llorens.
