Fracasó sesión para anular indultos

Eduardo Macaluse

Ni siquiera la diputada kirchnerista Victoria Donda, hija de desaparecidos en la última dictadura, se acercó ayer a la sesión especial convocada por la oposición para derogar los indultos a los jefes del golpe de Estado. Apenas 36 legisladores animaron esa convocatoria fantasma predestinada al fracaso por la negativa del oficialista Frente para la Victoria de bajar al recinto.

Se sabía de antemano que el kirchnerismo, pese a la sobreactuación del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner en materia de derechos humanos, no daría quórum para sesionar y anular los indultos dictados por Carlos Menem en 1990. La mayoría de los diputados oficialistas se quedaron en sus provincias ante la falta de convocatoria de la Casa Rosada.

Por eso ayer la asistencia en la Cámara baja fue paupérrima: 36 diputados sobre un total de 257. Ni siquiera los delitos de lesa humanidad despabilaron al oficialismo.

Lamento

«Deberíamos estar avergonzados», se lamentó ingenuamente la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez, autora de la frustrada convocatoria. La vergüenza no es una mercancía cotizable en el Congreso, al menos eso quedó demostrado una vez más ayer en la sesión especial. El jefe de bloque del ARI Autónomo, Eduardo Macaluse, también se mostró defraudado con sus colegas del kirchnerismo: «Me preocupa porque el Congreso no está trabajando sobre problemas que afectan a la gente».

Desde la UCR, el bonaerense Pedro Azcoiti lamentó que el oficialismo no diera quórum, mientras la legisladora cordobesa Norma Morandini comparó la situación actual del agro con la falta de diálogo del oficialismo: «Los derechos humanos no tienen bandera política, no le pertenecen a nadie, son de todos».

Sorprendentemente, en la sesión de ayer también participó el PRO de Mauricio Macri y Federico Pinedo, pero nadie hizo uso de la palabra. El encuentro especial tenía como principal objeto tratar la derogación de los indultos a los condenados por crímenes de lesa humanidad, para «eliminar todo tipo de obstáculo para la investigación de este tipo de delitos».

«Es obligación ineludible del Congreso garantizar un marco jurídico que no permita la impunidad y avance en la memoria, la justicia y la condena de los crímenes de lesa humanidad», resaltó Rodríguez en el recinto.

El 13 de julio del año pasado, con una mayoría de cuatro votos, los integrantes de la Corte Suprema firmaron la anulación particular del indultoque se refería al caso del general Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares entre 1975 y 1978. Aunque aquel fallo dejó abierto el camino para anular los indultos a Jorge Videla, Emilio Eduardo Massera y los otros jefes de la represión ilegal, el máximo tribunal del país no volvió a pronunciarse al respecto. También fueron indultados dirigentes guerrilleros. Uno de ellos es el actual diputado Miguel Bonasso, del oficialismo.

Frustración

Ayer, la Coalición Cívica intentó sin éxito aprobar un proyecto de ley que establece que los delitos de lesa humanidad previstos en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable. Y, desconociendo el principio de retroactividad de la ley, establece expresamente que esta nulidad alcanza a los actos de esta naturaleza dictados con fecha anterior a la promulgación de la ley. Pero aclara que la nulidad debe ser declarada en sede judicial, de oficio o a petición de parte.