Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad santafesino, y Carlos Manfroni, funcionario del Ministerio de Seguridad nacional, defendieron la iniciativa.
Plenario de comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales.
Como parte del paquete de reformas de seguridad que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación, autoridades nacionales y provinciales desarrollaron su mirada sobre la denominada ley Antimafias en el Senado. El bloque peronista volvió a ausentarse.
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El proyecto, cuyo nombre formal es Régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con amplio consenso (137 a 92, los rechazos fueron exclusivamente de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda) que se reflejó en la jornada del Senado con la presencia de legisladores de la UCR, el PRO y La Libertad Avanza.
Al plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales concurrieron dos funcionarios: Carlos Alberto Manfroni, titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación, y Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe.
La última intervención dentro del cuerpo de senadores fue una de las más representativas del grado de consenso que tiene el proyecto: el riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) señaló que "yo podría discutir sobre la figura de asociación ilícita, pero estamos ante una situación absolutamente extraordinaria donde la delincuencia ha logrado métodos que van por encima del Estado" y reiteró que "esto probablemente tenga sus errores pero tenemos que caminar". Asimismo, opinó que "el narcoterrorismo es una realidad en América Latina" y que "la situación en Nicaragua ha hecho eclosión en Rosario, la Villa 1-11-14 y en varios otros lugares más".
En contrapartida, la única voz disonante fue la de un invitado: Marcelo Seghini, director del Centro de Estudios en Defensa y Seguridad. El especialista señaló carencias del proyecto que obtuvo media sanción y que se precisan para diseñar estrategias de seguridad nacional, como "el abordaje el tema de la droga desde un enfoque integral y ver el consumo de sustancia como un problema de la salud" o la "dimensión económica, financiera e institucional de estos hechos delictivos: nada dice del lavado de activos y el probable penetración del narco en las estructuras del Estado". A Seghini no le hicieron preguntas de ningún tipo.
Carlos Manfroni inició su alocución señalando que "a necesidades especiales requerimos legislación especial. Tenemos un fenómeno en la Argentina que hace algunos años no habíamos vivido que es el fenómeno de las mafias y de las sociedades de criminalidad organizada". Luego, dijo que "esta ley nos resulta imprescindible porque necesitamos de estas facultades: lo necesitan el Ministerio de Seguridad, las fuerzas federales y provinciales y lo demanda la sociedad toda".
Posteriormente, proyectó que "es verdad que en Rosario hemos podido avanzar sin contar todavía con un instrumento como este, pero también es cierto que si hubiéramos contado con este instrumento la tarea la hubiésemos tenido mucho más adelantada y estaríamos cerca de darla por concluida". "Les pido por favor que nos concedan este beneficio", reiteró.
Para definir que una persona integra una mafia, apuntó que "puede determinarse cuando realiza actos propios de lo que estipula la ley o cuando se han comprobado vínculos con personas que realicen estos actos". También hizo referencia a uno de los puntos más conflictivos del proyecto: la incautación preventiva. "Cuando incautamos preventivamente un celular, un automóvil o mercadería de cualquier tipo, si la persona después resulta sobreseída o absuelta el bien que se devuelve ya es obsoleto", sostuvo y agregó que "lo más justo es que el Estado indemnice de acuerdo con lo que es el valor que tendría el bien en ese momento o con la actualización que corresponda".
A su turno, Pablo Cococcioni reconoció que "inicialmente teníamos reparos pero ahora apoyamos este proyecto, que nos parece útil, oportuno e indispensable hoy en día para entablar una lucha seria contra las organizaciones criminales" y agradeció que se incorpore que "las requisas carcelarias se ordenen con una mera autorización administrativa, es decir sin orden judicial porque allí no hay una expectativa de privacidad".
En ese marco, consideró que la colectivización de las penas es "el punto más importante y el mayor acierto" y, sin mencionarlo, se refirió al caso del narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, quien fue condenado por 5 años de prisión por lavado de activos: "Es complicado probarle la autoría y la participación criminal en todos y cada uno de los delitos que su organización mandó a cometer". "Luchar en serio contra las organizaciones criminales requiere de herramientas extraordinarias para poder atribuir de manera colectiva", añadió.
Dentro de los 16 artículos que componen el proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, se destacan los siguientes puntos:
Informe Fernando Brovelli.-