El Gobierno nacional y la Procelac denunciaron ante la Justicia federal una maniobra del grupo español Marsans para "vender" el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral ante el Ciadi al fondo buitre Burford Capital.
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Se estima que Burford tiene una cartera valuada en más de u$s 500 millones por la compra de procesos y se la conoce como una firma dedicada a la industria del litigio corporativo. En el país ya saltó a la fama por comprarle al grupo Petersen otro trámite en el Ciadi, el de la expropiación de las acciones de YPF. Está radicado en Londres.
La procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, recordó que en 2008 la presidente Cristina de Kirchner decidió la expropiación y la declaración de la aeronavegación como servicio público escencial. "No obstante, Marsans fue a reclamar ante el Ciadi alegando perjuicios que habían sufrido por trato injusto y tiene un reclamo por más de u$s 1.400 millones. En realidad, el grupo Marsans es un grupo deudor de la Argentina porque al haber dejado en una situación tan ruinosa a Aerolíneas Argentinas, el Gobierno tuvo que hacer inversiones obligaron en el Ciadi, a la Procuración a reconvenir la demanda por $ 1.400 millones también. Esa ficha se encuentra en trámite y no hemos tenido laudo", detalló.
La funcionaria reveló que tras el planteo de los españoles en el Ciadi y la réplica del Gobierno, la Procuración tomó conocimiento de un contrato entre Marsans, un estudio jurídico y el fondo buitre Burford Capital. "Ellos patrocinan monetariamente el procedimiento en el Ciadi, y el convenio establece que luego de pagar el patrocinio, y el grupo Marsans le pide un número de cuenta (a Burford) a dónde depositar los fondos, luego que pierda el laudo la Argentina".
"Así, Marsans estaría burlando a la masa de acreedores. Como se dice en el mundo de los negocios el que paga mal paga dos veces, y si la Argentina tiene un laudo desfavorable le tiene que pagar Burford y si vienen los acreedores de esa masa concursal a pedirnos pagar, tendríamos que hacerlo", subrayó Abbona.
"No solo se burlan del Ciadi, aunque ellos están muy tranquilos porque hemos denunciado estas cosas en el trámite, pero tenemos que poner en conocimiento a la justicia para resguardar los intereses del Estado", enfatizó Abbona.
La procuradora informó que Bulford es el mismo fondo que está patrocinando al grupo Petersen en el Ciadi por YPF en los tribunales de Nueva York, donde reclaman por la expropiación de la petrolera. "Es la misma situación y el mismo estudio en el juzgado del doctor (Thomas) Griesa", sentenció.
El fiscal antilavado reveló que Marsans inició la demanda por contra el Estado por u$s 1.036.200 millones por violación de un acuerdo bilateral Argentino-España, pero que hoy a la fecha representa u$s 1.600 millones. "Acciona contra el Estado y transfiere el derecho litigioso al fondo buitre Burford a través de un convenio que pierde todo efecto cuando estas empresas españolas se presentan en quiebra en el Reino de España y por lo tanto, consideramos que se han falseados instrumentos públicos en el marco del Ciadi y es un elemento de prueba que de manera fraudulenta quisieron perjudicar al país", alertó el titular de la Procelac, Carlos Gonella.
En esa línea, el investigador aseguró que si "el Ciadi lauda en contra del país, la Argentina se arriesga no solo a tener que pagar más de u$s 1.600 millones al fondo buitre, que está gestionan el caso, sino también a los legítimos acreedores españoles".
El exdueño de Marsans, Gonzalo Pascual, murió de un infarto en junio de 2012. En tanto, su socio Gerardo Díaz Ferrán, fue condenado por la Justicia española a cinco años y medio de prisión y al pago de una multa de 1,2 millones de euros por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en banda criminal.
"Argentina expropió las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral, y la evaluación del bien expropiado dio un saldo negativo, es decir que el país no tiene que pagar a las empresas españolas ni un solo peso, sino que este conglomerado quedó debiendo dinero por la deficitaria gestión de la aerolínea de bandera. No obstante, este tribunal se declaró en quiebra en 2013 y le cedió el proceso a un fondo buitre. Si prospera esta demanda, el prejuicio sería muy grande", explicó Gonella a radio El Mundo.
• Las penas
La Procelac denunció al grupo empresario, al fondo buitre y a estudios jurídicos argentinos, que asesoran a Burford en contra de los intereses del país, de la violación de los artículos 172 y 174 de Código Penal y la ley 14.034.
El 172 establece una condena de un mes a seis años de prisión para el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. El 174 fija que de dos a seis años de cárcel para el que comete un fraude en perjuicio de alguna administración pública.
En tanto, la ley 14.034 impone penas para los argentinos que propicien sanciones políticas o económicas contra el Estado, con penas de hasta 25 años tras las rejas.
Abbona estimó que el juicio formal entre la Argentina y Marsans debería comenzar antes de fin de año o al inicio del 2016.
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