Hugo Moyano reveló que recibió una carta del Ministerio de Trabajo que desconoce los resultados de las elecciones de la CGT en el microestadio de Ferro, donde el camionero fue reelegido. Fuentes sindicales confirmaron a ámbito.com que recibieron esa "resolución" y anticiparon que podrían anunciar un paro nacional de los gremios que integran su central obrera para la segunda semana de noviembre, además de apelar la anulación de los comicios.
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A la jornada de protesta con movilización se podrían sumar en las próximas horas la CTA de Pablo Micheli, la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo y la Federación Agraria de Eduardo Buzzi. Las mismas fuentes dijeron a este medio que la fecha tentativa es el martes 20 de noviembre.
"En una actitud absolutamente parcial, entre comillas, anularon el congreso. Vamos a recurrir a la Justicia. Tenemos toda la documentación que explica que el congreso fue convocado en tiempo y en forma, respetando los reglamentos y los estatutos", dijo Moyano al ingresar a la reunión de Consejo Directivo, en el sede Azopardo. "No tenemos el amparo del Gobierno y por eso tuvieron la valentía de tomar esta decisión", agregó escueto en su declaración, apenas captada por un grabador de un periodista de una emisora porteña.
A Moyano no le sorprende la decisión de la cartera de Carlos Tomada, que fue rubricada por el ministro de Salud, Juan Manzur, porque Tomada se excusó de firmar por haber tenido en el pasado relaciones comerciales con algunos de los gremios moyanista que lo impugnaron para fallar. Luego de la división con los antimoyanistas y la coronación de Antonio Caló al frente de la CGT Alsina, el camionero esperaba una notificación oficial que declarara nulo lo resuelto en el Comité Central Confederal (CCC) y la posterior elección de Ferro, del 12 de julio último. Es que Tomada ya había declarado inválida la reunión del Consejo Directivo del 24 de abril pasado, donde se llamó a esa votación.
El Gobierno lo que objeta es el quórum de ese Consejo Directivo que convocó al Confederal. Ese citación, según el Gobierno, no cumplió con los requisitos legales necesarios para legitimar el llamado, ya que seis de los representantes fueron reemplazados por dirigentes que no estaban autorizados a participar de la reunión. Por lo tanto, todos los pasos posteriores carecen de validez.
La sorpresa de Moyano fue que además el Ministerio de Trabajo le notificó el rechazo a una impugnación presentada contra la CGT de Caló y que esa central obrera más cercana a la Casa Rosada consiguió del área de Asuntos Sindicales de la cartera laboral un permiso "provisorio" de legalidad para funcionar durante 90 días, hasta que llegue el definitivo. Con ese "certificado" y la nulidad del comicio de Ferro, la CGT Alsina quedaría como la única autorizada por el Estado para representar a los trabajadores en discusiones como las del Consejo del Salario o en los viajes oficiales organizados por la OIT.
• A la Justicia
Una vez concluido el encuentro de la CGT, el titular del Sindicato del Seguro, Jorge Sola, brindó una conferencia de prensa en la que señaló: "Claramente no estamos sorprendidos, sabíamos que iba a suceder. Tomada fue recusado por nosotros por parcialidad manifiesta porque cumple órdenes".
"Sabemos que el camino es judicial y lo vamos a iniciar", agregó Sola sobre la estrategia legal que pondrá en marcha el nuevo equipo de abogados que conformó CGT, luego del desplazamiento del histórico representante jurídico de la central, Héctor Recalde, quien abandonó el cargo por sus diferencias con Moyano.
El integrante del cuerpo de abogados de la CGT Gerardo Juara adelantó a Noticias Argentinas que se denunciará penalmente "a Tomada y otros funcionarios del Ministerio de Trabajo" por haber adoptado una "resolución sin fundamentos.
La estrategia legal prevé la puesta en marcha, en forma paralela, de "cuatro vías de acción: camino penal, vía de amparo, contencioso administrativo y Cámara Laboral", indicó el letrado.
Además, Sola advirtió que la CGT moyanista cuenta con 120 gremios, mientras que la de Caló tiene unos 102 "aunque tiene algunas falencias de acreditaciones", según indicó sobre la otra CGT.
Sobre los puntos abordados en la reunión del Consejo Directivo enumeró además "la preocupación por la deuda estatal con las obras sociales y la situación de la prestación de salud en la Argentina" y se reiteró que el Gobierno "sigue reteniendo casi 20 mil millones de pesos" en fondos no devueltos.
También, Solá dijo que se trató el lanzamiento de una campaña "contra el trabajo en negro", que se presentará en la sede de Azopardo el 15 de noviembre, y la exposición en distintas provincias del documento de los 21 puntos del programa político-sindical de la CGT que incluirá a Neuquén el 23 de noviembre y Mendoza el 13 de diciembre
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