Hornos, complicado por haber evitado en 2018 que pidan sus ingresos a Casa Rosada

Política

En una maniobra en la que rechazó su recusación en la causa Oil Combustibles, junto a Riggi logró bloquear que se pidan sus accesos a Gobierno y a Olivos. Camarista Figueroa había solicitado que se lleven a cabo medidas de prueba. Hubiesen quedado expuestas visitas y relación con Macri. Lo deja al borde del prevaricato en causa penal

Una de las pruebas centrales que puede complicar la situación tanto en la causa penal como en el expediente disciplinario abierto en el Consejo de la Magistratura contra Gustavo Hornos radica en uno de sus propios fallos judiciales. El camarista de Casación, hoy en el ojo de la tormenta por sus seis visitas a la Casa Rosada cuando gobernaba Mauricio Macri y por sendas reuniones en la Quinta de Olivos, rechazó su recusación en el marco de un incidente en la causa Oil Combustibles dirigida contra el Grupo Indalo. Cuando los accionistas del holding Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron liberados por la Cámara Federal de la prisión preventiva dictada por el juez Julián Ercolini, el Poder Ejecutivo expresó su disconformidad con el fallo y los fiscales Germán Moldes y luego Raúl Pleé –otro de los visitantes de la Quinta y candidato a la Procuración General de la “Mesa Judicial”- apeló aquella decisión solicitando a Casación que revierta la calificación penal pero que también devuelva a la cárcel a los empresarios, en sintonía con las expresiones públicas que hizo el propio presidente.

Cuando Casación se aprestaba a tomar la decisión, la defensa de De Sousa a cargo de Carlos Beraldi recusó a ambos magistrados basado en la información de los lazos que unían a Hornos especialmente con el propio Macri. Ese vínculo terminó por ser admitido por Hornos ante sus pares de Casación que le solicitaron explicaciones por sus reiteradas audiencias en la Casa de Gobierno durante el macrismo. Adujo relación de familiaridad. Sin embargo, en aquel momento –y con la disidencia de Ana María Figueroa que solicitó abrir a prueba la recusación- tanto Hornos como Riggi la rechazaron “in límine”, es decir sin convocar a los procedimientos formales para tratar este tipo de incidentes. Fueron por el rechazo de plano el 11 de junio de 2018 sin expresar fundamentos y aludiendo a que no se podían correr del análisis de la causa por el solo hecho de que la defensa estuviera disconforme con sus decisiones.

Pero lo que realmente Hornos ocultó fue que, en ese recurso, la defensa solicitaba que se permita cotejar los accesos a Casa Rosada y la Quinta de Olivos de ambos jueces durante ese período. Si se hubiera abierto a prueba, hubiesen aparecido en tiempo real esas visitas que ahora se revelan como parte de una investigación periodística basada en un pedido de acceso a la información Pública, pero en el año 2018, casi tres antes de que estallara el caso. La situación es escandalosa pero por lo que constituyó aquella decisión: a sabiendas de que ello ocurría se abrió paso al posible delito de prevaricato, lo que complica a Hornos en su causa penal.

A última hora del lunes se presentó en el Consejo de la Magistratura una ampliación de la denuncia contra Hornos y también contra Riggi que había quedado complicado cuando exigió el expediente completo de la denuncia de De Sousa contra Macri y la “Mesa Judicial” y retrasó la recolección de pruebas en el expediente que tramita la jueza María Servini. Apenas fue denunciado, Riggi devolvió el expediente después de obtener copias, lo que certificó que no existía motivo procesal para adoptar esa decisión. Al denunciar este “hecho nuevo”, Beraldi apuntó a Hornos por mal desempeño en la denuncia que había formulado el ahora Ministro de Justicia Martín Soria. “Hornos rechazó una medida de prueba que, de haberse producido en aquella instancia, habría corroborado la existencia de los encuentros que hoy son de público conocimiento”, se indicó en el escrito que hoy será girado a la comisión de Disciplina y Acusación.

“La solicitud de apartamiento de los magistrados tuvo lugar luego de que Hornos y Riggi dictaran, en el expediente de referencia y tras un procedimiento exprés plagado de irregularidades, una resolución que ordenaba que mis defendidos fueran nuevamente encarcelados y modificaba la calificación legal de los hechos por los cuales se dictara su procesamiento”, apuntó Beraldi. En ese momento, se había mencionado que ambos camaristas iban a fallar en sintonía con los deseos del Gobierno. El interés de Macri había sido explicíto en diversas intervenciones públicas. “En el escrito de recusación al que antes hiciera referencia y con el propósito de corroborar o desmentir la existencia de contactos previos entre dichos magistrados y funcionarios del Poder Ejecutivo, solicité que se requirieran los registros de ingreso y egreso de las personas que visitaran la “Residencia de Olivos” y la “Casa Rosada”, subrayó la denuncia ingresada anoche en el Consejo. Y los comparó con la decisión de la propia Cámara Federal que ante la denuncia de que el juez Sebastián Casanello había concurrido a Olivos a reunirse con Cristina de Kirchner ordenó una investigación. El resultado fue que aquella denuncia fue falsa y orquestada por una facción ligada a la AFI. Pero la vara que dejó ese episodio ha generado una hecatombe dentro de Comodoro Py.

Hornos y Riggi escribieron: “No se verifican puntos de sustento objetivos que conduzcan a la parte a albergar dudas acerca de la incolumidad de la garantía de ser juzgados por un juez o tribunal imparcial”. A ello agregaron que “tampoco resulta procedente la recusación formulada por la defensa en relación con las versiones publicadas por varios medios periodísticos, ajenos a la instancia judicial, en los que se hizo referencia al sentido en el que deliberarían dos de los magistrados intervinientes en la causa o las presiones ejercidas por el Poder Ejecutivo Nacional, que no pueden de ningún modo ser encuadrados en las causales previstas para la procedencia de la recusación”, se desentendieron. Figueroa fue en sentido contrario: no solo pidió abrir a prueba, sino aceptar las medidas solicitadas en los registros oficiales.

“En definitiva, como puede apreciarse, si la medida de prueba requerida por mi parte en aquella época se hubiese materializado, habrían quedado en evidencia las visitas del juez Hornos a la “Casa de Gobierno”, las cuales naturalmente le habrían dado a la recusación un fundamento incontrovertible”, señaló el escrito que además piden que ambos se aparten definitivamente de la causa que ahora investiga a esa presunta asociación ilícita que adoptó resoluciones coordinadas y que tiene en el centro a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

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