Hay 40 mil presos listos para votar

Entre 30 y 40 mil detenidos procesados de todo el país quedaron en condiciones de votar en las próximas elecciones, a partir de un fallo de la Cámara Nacional Electoral, que concedió ese derecho a un hombre que se encuentra privado de la libertad en una cárcel de la provincia de Buenos Aires.

La resolución judicial benefició a Marcelo Antonio Zárate, detenido en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos y a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

Zárate interpuso un recurso de amparo con anterioridad a las elecciones presidenciales, pero la sucesivos planteos judiciales demoraron una resolución. No obstante, la Cámara Electoral le reconoció sus derechos y dispuso que en las próximas elecciones, pudiera poner en ejercicio su voto, para lo cual le recomendó que se dispusieran todos los mecanismos relativos a su seguridad.

En realidad, la Cámara Nacional Electoral no hizo más que seguir el criterio de la Corte Suprema de Justicia, que en un fallo anterior (Mignone, Emilio Fermín) reconoció ese derecho. Ese Tribunal, además, urgió al Poder Legislativo y al Ejecutivo a que adoptaran las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a votar de los detenidos no condenados, que no exigiría más que remitir a soluciones similares a cuando se estableció el voto de argentinos radicados en el exterior.

En ese fallo, la Corte le dio un plazo de seis meses para que aquellos que están detenidos sean incorporados al padrón y puedan votar.

Al analizar el pedido, la Cámara Electoral consideró que la pretensión de Zárate tiene su punto de partida en la protección de principios fundamentales del estado constitucional de derecho, como lo son el sufragio y la presunción de inocencia.

Los camaristas Rodolfo Emilio Munné, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, entendieron que la privación del ejercicio del sufragio para los ciudadanos que se encuentren en esta condición procesal «importa vulnerar el principio de inocencia que se encuentra ínsito en la Constitución Nacional».

Por lo tanto, se pronunciaron en contra de imponer a los procesados con prisión preventiva limitaciones que no sean las estrictamente necesarias, para asegurar su detención y seguridad o aquellas que faciliten la administración de Justicia.

La medida motorizó la actividad de la secretaría de Política Criminal y en la de Asuntos Penitenciarios, quienes serán las encargadas de poner en práctica lo dispuesto por la Justicia. De los 60 mil personas mayores de edad que se encuentran detenidas en la Argentina, entre 30 y 40 mil estarían hoy en condiciones de votar.

Según se explicó una inmensa cantidad de ellos deberían ser incorporados al padrón electoral mediante un decreto presidencial, además de actualizar sus documentos de identidad.