Ibarra busca estatizar grúas

El jefe porteño, Aníbal Ibarra, desafió ayer con no cumplir la orden de un fallo judicial que lo obliga a licitar en 60 días el servicio de grúas y parquímetros de la Capital Federal que manejan las empresas SEC y STO, cuyos contratos de concesión vencieron en marzo de 2001. Una de las posibilidades que baraja Ibarra es no presentarse a la licitación, y sí, en cambio, transferir el control del servicio al Gobierno de la Ciudad.

Por otra parte, ayer, el jefe de Gobierno rechazó la existencia de irregularidades en ese tema y explicó que esos contratos fueron prorrogados «a partir de que había demandas (de las empresas) porque muchas veces se les sacaron parquímetros y había deudas de la Ciudad, por lo que, tras una negociación, se continuó con el servicio». «Todo esto, mien-tras se armaba el proceso de licitación», aclaró Ibarra en declaraciones a radiales.

Según el jefe de Gobierno porteño, con este tema «no pasaba nada, excepto un comunicado del ex defensor del pueblo, Antonio Cartañá (impulsor de la denuncia que derivó en el fallo judicial), que dijo lo que se le ocurrió decir».

En tanto, destacó que mien-tras se tramita el proceso de licitación le queda pendiente «una elección» porque -según indicó- tiene «la opción de que este servicio lo preste la Ciudad».

Consultado puntualmente al respecto, dijo que, en caso de que elija esa opción, la prestación del servicio «será a través de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima)», para lo cual «no hay que llamar a licitación», sino que la adjudicación es automática.

• Objetivo

Por otro lado, rechazó que la recaudación para la Ciudad, en caso de que se quede con el manejo del servicio, sea de 170 millones de pesos, como se estimó, y dijo al respecto que «el gobierno no busca ganar plata» con esta cuestión, sino «doblegar el tránsito y que se cumplan las normas».

Según datos privados, las grúas levantan por día unos 3 mil vehículos en la Ciudad, a los que se los multa y se les aplica un acarreo de $ 56,4. Se discute si el pago de este importe corresponde ahora, cuando existe un fallo judicial que obliga a regularizar la concesión licitando en 60 días el servicio.

«No sé si se recaudará tanto dinero, porque el criterio para que el servicio pase a la Ciudad es que no dependa de un criterio económico, una política de tránsito», explicó.

Y admitió que esto es precisamente contrario a las empresas que «no fijan las políticas en función de las necesidades», sino en la manera de ganar dinero.