Ibarra duda si pedir suspensión del juicio que comienza mañana

El socialista Norberto La Porta rodeado por los kirchneristas Elvio Vitali y Miguel Talento, en la sesión del sábado en la cual asumió la nueva Legislatura de la Capital y se sortearon los nuevos jueces de Ibarra.

El juicio político a Aníbal Ibarra comenzará efectivamente mañana, cuando cierra el plazo para la apertura de pruebas. Sólo podría postergarse si el jefe de Gobierno suspendido solicita más tiempo aduciendo que por cierto, la sala de juzgamiento quedó constituida el pasado sábado con nuevos integrantes. Pero al menos por ahora, Ibarra quiere acelerar el proceso, que tiene previsto concluir en febrero próximo. Tanto la Sala Acusadora de la Legislatura porteña, como el suspendido jefe de Gobierno deben agregar al expediente, que lleva el titular del Tribunal Superior de Justicia, Julio Maier, las imputaciones y pruebas que quieren obtener, como recusaciones si Ibarra decide hacerlas y citación de testigos. Si Maier rechazara testimonios que se le piden, debe reunir a toda la Sala de juzgamiento que preside -15 diputados para que resuelva y lo mismo ocurrirá si Ibarra recusa a algunos de los diputados- jueces o fiscales. De otra manera el juez fijará la fecha de la primera audiencia oral y pública que no tiene aún lugar físico definido. De allí en más se abrirá el proceso de prueba, probablemente en enero, una vez que pase el primer aniversario del trágico accidente del local bailable Cromañón, ocurrido el 30 de diciembre, que ha dejado al jefe de Gobierno porteño a un corto paso de su destitución por supuesto mal desempeño y suspendido en sus funciones desde el 15 de noviembre pasado.

• Mala suerte

Ibarra quedó el sábado pasado atado a la mala suerte que le deparó el bolillero, de donde salieron los nueve diputados que completan la Sala Juzgadora de juicio político -conformada por 15 legisladores-, reemplazando a los que terminaron su mandato (ver nota vinculada). Más allá del poroteo de votos para saber si retorna al puesto o lo abandona definitivamente, la crisis que se ha generado en torno al juicio político es la que encuentra a Ibarra más débil aún. Dentro del gabinete que ha dejado como herencia al suplente Jorge Telerman, la disputa es tan mordaz que ya hay quienes dentro del propio cuño ibarrista sostienen que mejor sería que Ibarra renuncie y evite ser destituido por la voluntad de 10 legisladores (son los votos mínimos para la destitución dentro de la Sala Juzgadora) y además correr el riesgo de que, como accesorias, le imputen inhabilidad para ejercer cargos públicos por hasta diez años. Creen que esa cláusula constitucional está acotada al desempeño en la Ciudad y sueñan esos frentistas con la posibilidad de que Ibarra pudiera presentarse a elecciones en 2007 para reemplazar en el Senado a su hermana Vilma Ibarra, convertida hoy en una suerte de mediadora entre kirchnerismo porteño y la Casa de Gobierno, para los asuntos referidos a su vínculo familiar, un cargo informal que poco digieren referentes del peronismo local que deben consultarla.

• Propia defensa

Es, sin embargo, el propio jefe de Gobierno suspendido quien reniega de esas sugerencias de renuncia y se esfuerza en ensayar su propia defensa, que deberá formular en forma oral, como en un juicio penal, con la que quiere conquistar adhesiones del público en general más que de los 15 juzgadores. Ibarra se recuesta hoy sobre dos que mantienen su expectativa de retorno, pero que por estas horas no comparte la mayoría de sus aliados: uno, el teléfono que sonó desde la Casa de Gobierno, con un nuevo emisario, para consultarle sobre su estado en estos días. Aseguran que ese mandadero no es Alberto Fernández sino un hombre igualmente cercano al entorno presidencial, que busca desembarcar en la Capital Federal como otra opción de aglutinamiento de kirchneristas dispersos.

El otro dato son los sondeos que gusta leer Ibarra, confeccionados ad hoc, que le dicen que aún retiene más de 40% de imagen positiva en el vecindario, el que liga a otro resultado: sólo 25% de la gente sigue los vaivenes del caso Cromañón. Ese último guarismo, sin embargo, le devuelve que sólo esa baja porción de vecinos tiene en cuenta su situación. Por eso insiste, con su «comité de crisis» (el cultural, Gustavo López, la procuradora Alejandra Taddei y su jefe de Gabinete, Raúl Fernández), en seguir paseando por los barrios para conseguir eco de sus pesares y agregar adhesiones, además de no desaparecer de la escena mediática que, en su caso, sería fulminante. Otra de las estrategias que le soplan sus íntimos al jefe de Gobierno, es que continúe en sus periplos barriales para lograr plafón en caso de ser destituido, que de ese modo, hará imponer su teoría de un golpe institucional en su contra, que ese « golpe» lo tendrá como víctima y a futuro la situación le armaría un piso de votos de misericordiosos para volver a la escena política.